La asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad ha anunciado la formulación de un nuevo litigio por el trato dispensado hacia OHL por instancias gubernativas. Las disputas legales se le acumulan a OHL en México. No hay tregua para la concesionaria española en el país latinoamericano y ahora ha sido la asociación civil Mexicanos Primero la que ha presentado una denuncia en su contra por supuesta corrupción en su trato con algunas autoridades y organismos locales.
El litigio ha sido confirmado por el presidente de la organización, Claudio X. González, uno de los más prominentes empresarios mexicanos y miembro habitual de la lista de grandes millonarios de México. Lo ha anunciado en el marco de la apertura del I Foro Empresarial Anticorrupción, organizado por la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad que también preside.
González ha explicado que el proceso de formulación de litigio contra OHL ha resultado “complicado”, por lo que ha evitado hacer comentarios específicos, tal y como recogen medios locales mexicanos. La denuncia en este caso se centra en sospechas en torno a la posible entrega de regalos a funcionarios gubernamentales del Estado de México para obtener condiciones favorables de reequilibrio financiero en sus concesiones.
Este extremo podría hacer alusión, según fuentes empresariales mexicanas, a la polémica rentabilidad garantizada que tiene recogida en sus balances para el peaje del Circuito Exterior Mexiquense. Este capítulo ha sido uno de los que más polvareda ha levantado en los últimos tiempos en torno a OHL México, debido también a las presiones de la firma mexicana Infraiber.
La polémicas en torno a este punto ha sido tal que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en España se ha visto obligada a tomar postura pública favorable con respecto a los criterios contables empleados y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México optó por forzar la presentación de un balance proforma y la fijación de multas por cuestiones secundarias para la compañía y Deloitte, en su calidad de auditor.
El empresario ha explicado también que se han presentado litigios contra distintas instancias del aparato administrativos de los estados de Veracruz, Chihuahua, Nayarit y Puebla, así como contra el organismo federal de Caminos y Puentes Federales (Capufe). Igualmente, aseveró que “vendrán decenas más”.
Para justificar sus iniciativas, el empresario durante muchos años vinculado a firmas de Grupo Carso del magnate Carlos Slim defendió que “México no está condenado a ser un país corrupto”. En su opinión, “todos los países del planeta pasaron por donde México está ahora”, por lo que considera que no se trata de un “tema cultural” sino de saneamiento de las instituciones y de incentivos y correctivos correctamente aplicados.
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