Nuevo capítulo en el caos judicial de Liberbank: las prejubilaciones también irán a los tribunales

CCOO anuncia que presentará una demanda de conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional por el plan de prejubilaciones que ha anunciado el banco para septiembre. El sindicato considera que la intención de Liberbank supone un «fraude de ley» y que su sistema es «totalmente arbitrario». La relación de Liberbank con los sindicatos no pasa por sus mejores momentos tras el último varapalo sufrido por el banco, que ha visto como el Supremo ha confirmado la nulidad del ERTE aprobado en verano de 2013. Ahora, a la espera de que el Alto Tribunal se pronuncie sobre el actual ajuste en vigor, podrían a comenzar a acumulársele las denuncias después de que CCOO haya apuntado que también llevará a los tribunales el plan de prejubilaciones que tiene intención de aplicar a partir de septiembre.

Según ha señalado CCOO en una circular, ya tiene preparada la demanda de conflicto colectivo que presentará ante la Audiencia Nacional contra este plan de prejubilaciones. A juicio del sindicato, la intención de Liberbank supone un “fraude de ley”, ya que el anuncio de 615 bajas “no es ni puede ser tratado como un asunto ‘individual’ entre las partes, sino como un ERE de alcance colectivo”.

Segundo porque, destaca la formación, la empresa “incumple de nuevo” el Acuerdo de diciembre de 2013 pues en él se establece el compromiso a que “antes de abordar cualquier proceso de reordenación o reestructuración de alcance colectivo, las partes promoverán la negociación con la representación de los trabajadores de las medidas a adoptar”. En ese sentido, “esta medida, aunque solo sea por el impacto que todas estas bajas tienen sobre el resto de la plantilla, queda claramente dentro de ese supuesto”.

CCOO denuncia además que el sistema es “totalmente arbitrario” y “es incompatible con la existencia de un ERTE que se firmó, entre otros motivos, para preservar el empleo”.

La nueva demanda se conoce apenas unos días después de que el Tribunal Supremo haya declarado nulo, como ya hizo la Audiencia Nacional, el ERE temporal acordado en verano de 2013 entre el banco y CCOO y UGT (en ese momento sus dos principales sindicatos). La entidad liderada por Cajastur deberá devolver a los trabajadores las cantidades detraídas ilegalmente, un proceso que promete seguir siendo polémico después de que en algunas informaciones se haya deslizado una cifra de seis millones de euros, muy lejana a los 67 millones que calculan los sindicatos demandantes.

El Supremo está pendiente además de anunciar otra sentencia, esta vez por un recurso presentado por los sindicatos CSI y CSICA, sobre el actual ERTE en vigor, acordado en diciembre de 2013.

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