El plazo de aceptación de la OPA por la aerolínea británica se extiende ahora hasta el 30 de julio. El grupo hispano-británico se ha fijado un umbral mínimo de adhesión del 90%. IAG ha encontrado el antídoto a la tardanza que había encontrado a la hora de conseguir vía libre para hacerse con el control de Aer Lingus. El holding hispano-británico ha optado por ampliar hasta el próximo 30 de julio el plazo para que los accionistas de la irlandesa acepten su oferta, con lo que gana dos semanas para cerrar la operación.
En un principio, estaba previsto que el plazo de aceptación de la OPA finalizase este jueves. Sin embargo, no ha sido hasta la jornada de hoy cuando IAG ha conseguido el visto bueno de los accionistas y algunas autoridades internacionales para avanzar decididamente en su plan de compra. En concreto, los inversores de Aer Lingus no habían aprobado hasta hoy mismo el modelo de conexiones planteado por el grupo que conforman Iberia, Vueling y British Airways.
Además, no ha sido hasta este mismo jueves que el Departamento de Justicia de EEUU ha concluido “satisfactoriamente” su sondeo sobre la oferta y los efectos que tendría para la industria del transporte aéreo la absorción de la aerolínea isleña. Así, el periodo se extiende de las 17:00 horas de hoy en Dublín, hasta las 13:00 horas del próximo día 30 de este mes.
Gracias a esta ampliación de plazos, IAG busca asegurarse un respaldo mayor del conseguido hasta la fecha, debido en parte a la falta de luces verdes de algunos órganos de gobierno de la irlandesa. Se da la circunstancia de que el folleto de la oferta por 2,55 euros por acción está supeditada a la aceptación de al menos un 90% del capital social de Aer Lingus.
La oferta definitiva supone un desembolso máximo de 1.360 millones de euros por el 100% de la irlandesa. Al pago en efectivo por acción se le ha sumado además la promesa de un dividendo de 0,05 euros por título a desembolsar también en metálico contante y sonante. Anteriormente y con estos términos, la puja había recibido la aprobación de la Comisión Europea y del Gobierno de Irlanda, accionista de la pretendida y uno de los inversores que más batalla ha planteado a los planes de la compradora.
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