Ha reiterado su declaración de noviembre de 2013 al señalar que la crisis de la gallega tuvo su origen en un “fraude institucional perfectamente organizado”. El responsable de la auditoría de cuentas de Pescanova ha vuelto a comparecer ante el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional. En su declaración de este miércoles ha reafirmado lo que ya contó en noviembre de 2013: el expresidente Manuel Fernández de Sousa era el cabecilla de un “fraude institucional perfectamente organizado”.
En su nueva declaración, Santiago Sañé, socio de BDO Auditores y encargado de vigilar las cuentas de Pescanova ha explicado que las normas y estándares que rigen en la auditoría de cuentas no están diseñados para detectar fraudes y menos aún fraudes institucionales tan escrupulosamente orquestados como el que se ha descubierto en la pesquera gallega.
Sañé ha defendido que el trabajo que realizó durante ejercicios de falseo de cuentas cumplía con normas nacionales e internacionales de auditoría. Asimismo, ha subrayado que tanto las pesquisas judiciales como ya la auditoría forense que se realizó en la compañía al comienzo de descubrirse la falsedad de sus cuentas acreditaban que se trataba de un fraude organizado desde la propia dirección de la compañía, al frente del cual estaba el expresidente e hijo del fundador, Manuel Fernández de Sousa.
BDO Auditores corrió con la vigilancia de las cuentas de la cotizada gallega durante más de diez años, sin embargo el socio de la firma ha insistido ante el juez Ruz en que no existe ninguna evidencia de conocimiento ni de colaboración por su parte. En este sentido esgrime los informes independientes presentados por KPMG y después por la administración concursal que logró levantar la suspensión de pagos de la antigua gigante en apenas un año.
Aunque la antigua cúpula directiva de Pescanova intentó de mantener a BDO como su auditora de cuentas, el despacho presentó su renuncia en octubre de 2014. Meses antes, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) abrió un expediente sancionador contra la firma y su socio Santiago Sañé por posibles infracciones técnicas graves en su labor, especialmente en lo referente a las cuentas del ejercicio 2011.
En esta misma línea, el juez de la Audiencia Nacional les imputó un presunto delito de falseamiento de información económico-financiera al admitir parcialmente una querella del fondo inversor Cartesian, dueño de un 5% de la multinacional con sede en la localidad pontevedresa de Redondela.
