Si el Gobierno declara “de interés general” el cierre del Castor, podría “resolver la relación contractual” con Escal UGS (controlada al 67% por ACS) sin necesidad de pagarle una indemnización. Las acciones de ACS retrocedían un 2,6% durante la mañana, en un Ibex 35 que a la misma hora se dejaba apenas un 0,15% después de que, según una información de Vozpopuli, la compañía pueda quedarse sin cobrar ninguna indemnización por el fiasco del almacén de gas Castor.
Según este diario, el sector energético acaba de recoger el testigo lanzado por el grupo Compromís y apuesta porque el Gobierno declare “de interés general” el cierre del Castor, lo que permitirá “resolver la relación contractual” con Escal UGS (controlada al 67% por ACS) sin necesidad de pagarle una indemnización.
Los analistas de Ahorro Corporación destacan en un informe la “mala noticia” que supondría para la constructora que preside Florentino Pérez, ya que esta tesis supondría la no recuperación del capital invertido por la constructora, cuya cifra alcanza los 228,5 millones de euros.
De confirmarse esta noticia, señalan estos expertos, supondría un impacto del -2,3% sobre la valoración que tiene Ahorro Corporación de ACS, que pasaría de 32,2 euros a 31,5 euros por acción. Con el retroceso de hoy, las acciones de la constructora cotizaban a 32,465 euros a media mañana, con lo que todavía mantiene una revalorización acumulada en lo que va de año de un 29,75%.
La plataforma Castor nunca ha llegado a entrar en funcionamiento a causa de los seísmos en la costa de Castellón que provocó la inyección de gas base en el depósito submarino.
ACS financió el proyecto a través de una emisión de bonos, en cuyas condiciones se recogía que si antes de noviembre de 2014 la instalación no había entrado en funcionamiento los bonistas podrían exigir la devolución completa de los 1.400 millones invertidos.
Además, la agencia de calificación Fitch certificó que si la compañía de Florentino Pérez renunciaba a la concesión -como ha sucedido- sólo tendría que afrontar un pago parcial y el resto debería ser asumido por la indemnización contemplada en la concesión pública. Hoy por hoy, la sociedad promotora del proyecto reclama hasta 1.700 millones de euros al Gobierno por los costes operativos y gastos extraordinarios.
