Los empresarios no son ajenos a la expectativa en torno a la formación de un nuevo gobierno y ponen sobre la mesa sus peticiones. En concreto, confían en que el próximo Ejecutivo se centre en reducir la deuda pública y los costes laborales y que aplique un mayor control al fraude fiscal, en un contexto en el que el 70% considera que la economía española está estancada o desacelerándose.
Estas son principales conclusiones de la última oleada del International Business Report (IBR), la encuesta de la firma de servicios profesionales Grant Thornton, realizada con carácter previo a las últimas elecciones para consultar a 400 ejecutivos del empresariado español qué esperaban del nuevo Gobierno o cómo veían la situación económica española.
Tal y como recoge Europa Press, los empresarios españoles consideran que la primera prioridad del nuevo Gobierno ha de ser la reducción de deuda pública (32%), seguida de un mayor control del fraude fiscal (26%) y de poner en marcha políticas encaminadas a reducir los costes laborales (23%).
Entre los temas transversales que los empresarios creen que el nuevo ejecutivo debe prestar una mayor atención, destaca la educación, crítica para el 80% de los encuestados, un dato consistente con la intención del 42% de los mismos de invertir más en la cualificación de sus empleados en los próximos doce meses.
La segunda cuestión a la que los empresarios creen que el nuevo Gobierno debería dedicar mayores esfuerzos es el mercado laboral. En concreto, el 70% de empresarios muestran su preocupación por el actual marco laboral y reclaman a Moncloa medidas durante la próxima legislatura.
Por su parte, la apuesta del Gobierno por el I+D también resulta de vital importancia para los encuestados, en un contexto en que un 42% de los mismos prevé incrementar sus propias inversiones en investigación y desarrollo en el próximo año, continúa la mencionada agencia.
Los incentivos fiscales son también una de las principales demandas de los empresarios, ya que la mitad de los ejecutivos considera necesario abordar reformas en materia de fiscalidad para impulsar la internacionalización de las empresas españolas y la promoción exterior.
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