El ERE que ha aplicado el diario El País sigue dando que hablar y hoy elconfidencialdigital.com cuenta que algunos de los redactores despedidos “quieren, a título individual, demandar a Juan Luis Cebrián en la vía penal por delitos societarios”, como “administración dolosa, vaciamiento patrimonial, falsificación de documento mercantil”.
Señala este medio online que “los 129 ex integrantes de la plantilla de El País estudian en firme presentar, en los juzgados de lo social de Madrid, una demanda colectiva por despido improcedente. Eso plantearía un escenario de negociación para conseguir unas indemnizaciones más justas y generosas”.
Asegura elconfidencialdigital.com que “el colectivo considera que la indemnización de 20 días por año, con tope de 12 meses, es del todo inaceptable, máxime cuando se trata de resarcir toda una vida laboral que en algunos casos llega hasta a 30 años de dedicación a la empresa. Y por lo que se refiere a los despedidos más jóvenes, las cantidades que se les ofrecen resultan claramente insuficientes para financiar unos años de incierto futuro laboral”.
Los afectados por el ERE creen que todavía hay espacio para que Prisa se avenga a un despido más justo y generoso. La empresa nunca ha dicho que esté en situación pre concursal, y ni siquiera reconoció en las cartas de despido que hubiera tenido pérdidas, sino “descenso de los ingresos durante tres trimestres consecutivos”.
“Además de esa demanda laboral, algunos redactores están dispuestos a presentar, a título individual, demanda penal contra Juan Luis Cebrián, por delitos societarios, tales como administración dolosa, vaciamiento patrimonial, falsificación de documento mercantil y otros”.
“Si prosperan, sentarán en el banquillo al principal ejecutivo de la compañía”, recalca este digital, que explica que “algunas demandas están ya en manos de abogados, y el objetivo es lograr el enjuiciamiento de la gestión desarrollada en Prisa, personificada en sus principales gestores, y singularmente su consejero delegado”. Y aclara que “las demandas penales tratarían de lograr un resarcimiento económico.
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