Este agosto está resultando calentito tanto en el plano político-judicial como en el terrorista, a raíz de la ofensiva etarra en Mallorca, y basta con echar una mirada a las portadas para comprobar que la cosa no mejora sino que empeora.
Un ejemplo muy claro es la primera de El País en la que informa de los “nuevos frentes en el partido de Rajoy” que abren los ‘casos Gürtel y Palma Arena’. Lo hace con dos noticias diferentes. Sobre la trama de Correa, publica que “el juez investiga los contratos de la FEMP en la época de Barberá” y sobre la investigación sobre el velódromo adelanta que en el transcurso de la misma “el fiscal documentó pagos en dinero negro al PP balear”.
El PP, por su parte, sigue manteniendo su estrategia de denunciar que está siendo sometido a una persecución, y a probar estas acusaciones le ayudan los diarios conservadores, que insisten en que se vulneró el derecho al honor de los detenidos en Mallorca, y esgrimen las opiniones de dos asociaciones policiales que así lo consideran. Para completar la idea del acoso que sufre el PP, Abc se hace eco de que “Bárcenas denuncia al juez ‘coacciones y amenazas’ de dos supuestos policías” y dedica el editorial “detenciones bajo sospecha” a dar la razón a los populares en sus quejas. Opina el diario de Vocento que “en este caso se ha producido un ejercicio ‘justiciero’ de la detención, que permite al Partido Popular denunciarla con motivo por la trascendencia lesiva que tiene para esta formación y para los encausados”. Además Abc se permite aconsejar a los jueces “revisar con más rigor las detenciones que se practican y a cuidar de que sólo se produzcan cuando convengan estrictamente a la investigación, no a intereses partidistas de los que casualmente sólo se beneficia el PSOE”.
Y acabamos con el editorial que El País dedica a la crisis económica, que aún existe aunque en España esté oculta entre tanta bronca. El rotativo advierte de que a pesar de existen síntomas de mejora y de que la crisis mundial toca fondo, España sufrirá altas tasas de paro de larga duración hasta 2011. Por lo que examinará con lupa lo que se apruebe en el Consejo de Ministros del jueves.
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