La orden del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de inve

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La orden del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de inve

La orden del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de investigar los contratos realizados con empresas del ‘caso Gürtel’ por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) cuando Rita Barberá era su presidenta ha sido una de las cuestiones que más ampliamente han abordado en las tertulias de la COPE y la SER, aunque en la cadena episcopal y en Onda Cero también se refirieron a las acusaciones del PP sobre el trato dado a los arrestados por supuesta corrupción relacionado con el velódromo Palma Arena en Mallorca, uno de los macroproyectos del ‘popular’ Jaume Matas.

En la COPE, más que analizar lo de los supuestos contratos con la trama dirigida por Correa se dedicaron a criticar al actual presidente de la FEMP, el socialista Pedro Castro, a quien Francisco Marhuenda calificó de personaje “tan menor e insignificante” “tan insultón», que el PP, en su opinión, se equivocó porque debería haberse apartado definitivamente de la FEMP y no volverse a sentar en los órganos del organismo. “Rajoy debería haber dado la orden”, señaló el director de La Razón. A continuación, Marhuenda habló sobre lo que él considera “campaña contra Barberá” que cree es algo más “de esta inmundicia” destinada a acabar con los dirigentes del PP. “Es un auténtico escándalo”, concluyó.

También rompió una lanza a favor de Barberá Marta Alvarez en la SER, que se queja de que se dé ‘altavoz mediático’ a unos hechos concretos que no merecen tanta atención. Aclara que se han pedido unos papeles a la FEMP, pero “de ahí a insinuar cohecho, sobornos, u otras actuaciones ilegales, es exagerar” y se pregunta dónde ha quedado la presunción de inocencia en España. Javier Pérez Royo le explicó que pese a que la FEMP es una institución privada y puede elegir los contratos ‘a dedo’, este tipo de contratos relacionados con la trama Gürtel se han dado sólo en la época de Barberá como presidenta. Y José María Ridao dejó clara la inutilidad de debatir si las sospechas sobre la FEMP y Barberá tienen o no fundamento, ya que los jueces son los que deciden en última instancia.

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