En el repaso digital hoy destaca la cuestión de la amnistía fiscal, que según elconfidencialdigital.com no funciona porque las grandes fortunas no se fían, y el hecho de que la Fundación Francisco Franco quiera sacar de un almacén de Fomento una estatua del dictador. Además, resulta llamativa la noticia, de la que se hace eco diariocritico.com, de que el alcalde de un pueblo de Cáceres haya prohibido a los vecinos enfermar. Hay que aclarar que el regidor es socialista y el bando es irónico, ya que se protesta por el cierre del centro médico.
“Las grandes fortunas del país recelan de la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno y por el momento, se están resistiendo a repatriar a España su dinero en el extranjero”. Esto es por lo menos lo que dice elconfidencialdigital.com que asegura que los ricos defraudadores “no se fían de que Hacienda no les investigue y esperarán hasta julio, a que prescriban los delitos vinculados al impuesto de Patrimonio”.
Aclara este medio online que “será en julio cuando quedarán prescritos los delitos vinculados al impuesto de Patrimonio, suprimido hace cinco años, en 2007” y añade que las grandes fortunas del país “temen que la repatriación de su dinero aporte pistas a Hacienda para investigarles por otros impuestos y les acaben aplicando multas muy elevadas”.
Pasamos de los ricachones y sus problemas con el fisco a conocer, por el digital antes citado, que la Fundación Francisco Franco está barajando reclamar a Patrimonio Nacional la titularidad de la estatua del dictador que estaba en Nuevos Ministerios y que fue retirada “en la madrugada del 17 de marzo de 2005”, monumento que actualmente se encuentra depositado en un almacén del Ministerio de Fomento.
Señala el digital que la solicitud presentada por este colectivo se produce después de que el Tribunal Supremo dictara que no procedía la recolocación de la estatua del dictador en la plaza de San Juan de la Cruz”.
Para acabar, un ejemplo de fina ironía municipal del que se hace eco diariocritico.com. La noticia tiene como protagonista al alcalde de Aldeacentenera (Cáceres), Juan Francisco Monterroso (PSOE), que ha publicado un bando municipal en tono irónico en el que se informa a los vecinos de la localidad de que «queda terminantemente prohibido enfermarse» o «manifestar dolencia alguna».
El bando indica que los «infractores» serán «castigados» con «multas» cuyo importe se establecerá «según la magnitud del mal; es decir, a mayor dolencia, mayor multa». Y añade que «para aquellos que requieran de médicos de urgencia, traslado de ambulancias u otros medios, las penalidades serán aún mayores y a liquidar en cuotas altas, en dependencia a la prontitud, horario, distancia de desplazamiento por el vehículo en cuestión. Si es más tarde, de noche o más lejos, mayor multa”.
Este bando del Ayuntamiento es una protesta, original eso sí, al cierre del Punto de Atención Continuada (PAC) de la localidad, con la que se ha criticado la gestión del presidente del Gobierno de Extremadura, y su consejero de Salud por dejar sin servicio de urgencias a este pueblo cacereño.
