Medio centenar de familias se rebelan contra Blackstone por plantear subidas del 60% del alquiler

Piso en alquiler

Imagen de una vivienda en alquiler.

De pagar 741,83 euros al mes de alquiler a 1.176,21. Esta es la situación a la que se enfrentan Laura y Antonio en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. Su casero, el fondo de inversión Blackstone, “les quiere echar de su casa” al proponerles una subida “inasumible” de más del 60%, denuncia el Sindicato de Inquilinos, que afirma que en su misma situación está medio centenar de familias en la comunidad.

En torno a cincuenta hogares se han organizado a través del citado Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid para mantenerse en sus casas. Se niegan a aceptar las subidas abusivas de más del 60% del alquiler que este fondo de inversión estadounidense, a través de sus SOCIMIS Fidere y Testa, pone sobre la mesa cuando es el momento de renovar los contratos.

Tal y como recuerda este colectivo, hace menos de un año el sindicato ya cosechó una histórica victoria contra este fondo de inversión tras lograr que más de 80 familias, distribuidas por toda la Comunidad de Madrid, se quedaran en sus casas sin aceptar subidas abusivas en el precio de sus contratos. “Fue una de las mayores negociaciones colectivas del movimiento por el derecho a la vivienda”, afirma, “pero no fue suficiente”.

“Sabemos que mientras se siga permitiendo que la vivienda sea un bien de mercado con el que especular, Blackstone y el resto de grandes propietarios de vivienda podrán seguir asfixiando a la gente, con unas subidas del precio del alquiler que se llevan más del 70% del salario de las inquilinas”. Así lo denuncia el sindicato, que acusa a Blackstone de volver “a intentar sus mismas tácticas”, ahora con nuevos bloques de viviendas en Alcorcón, Vallecas y Torrejón de Ardoz.

El colectivo lamenta que mientras que en el Congreso “no parecen tener ninguna prisa en aprobar una ley de vivienda garantista, se continúa permitiendo que estos grandes fondos de capital sigan haciendo negocio con las viviendas de miles de inquilinos por todo el Estado”.

Por el momento, de las más de 50 familias organizadas, la mitad de ellas ya están fuera de contrato y se mantienen firmes en no pagar esta subida abusiva. Al resto se les irán cumpliendo los contratos a lo largo de los próximos meses.