En concreto, tendrá lugar a partir de las 12 horas entre Atocha y Sol y está impulsada por colectivos sociales como la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Ecologistas en Acción de Madrid, los sindicatos CCOO de Madrid y UGT Madrid, organizaciones que ya impulsaron una recogida de firmas dirigida a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para reclamar la retirada del proyecto.
Los colectivos convocantes han advertido que se trata de una norma que compromete el presente y el futuro de la Comunidad con un ánimo privatizador y atenta contra los beneficios de los ciudadanos y el medio ambiente. «Arrasa nuestros servicios públicos, nuestra naturaleza y nuestras ciudades y pueblos», advierten.
Con esta manifestación mostrarán así su oposición a esta ley que supone la modificación de 33 leyes y 5 decretos vigentes en la Comunidad de Madrid sobre materias como urbanismo, medio ambiente, carreteras, sanidad o transportes e incluye además 15 nuevas disposiciones que afectan a ámbitos como Hacienda pública, ordenación del juego, entidades locales, servicios sociales o la Administración digital, entre otros.
Según han defendido, con esta ‘Ley Ómnibus’ se introduce un conjunto de medidas que en realidad suponen «otra vuelta de tuerca en la privatización y la liberalización de la gestión de múltiples servicios públicos y áreas de gobierno en la región afectando negativamente a los derechos colectivos y bienes comunes».
Además, han denunciado que la norma fue presentada en plenas fiestas navideñas y sin tiempo para presentar alegaciones. El Gobierno regional la publicó el 23 de diciembre en el portal de transparencia el anuncio de trámite de audiencia e información públicas, estableciendo el reducido plazo de 7 días hábiles, entre Nochebuena y Nochevieja, para la presentación de alegaciones.
PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD
Uno de los aspectos más polémicos es la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, centrada en la contratación de suministros, bienes y servicios que sean declarados de gestión centralizada en este campo. Sobre este punto, consideran «una pretensión clara de impedir el control parlamentario y vulnerar el derecho de ejercicio democrático de la ciudadanía a través de la privatización».
Según han señalado desde la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (MEDSAP)-Marea Blanca, esta agencia se aparta de las garantías que ofrece el procedimiento administrativo al que se somete cualquier ente público y supone un deterioro de la calidad del servicio público, «que debe estar gestionado de forma totalmente directa y no bajo el método de empresa camuflada».
En materia de Medio Ambiente, contempla una modificación del Ley del Suelo y adecuar la regulación a la legislación estatal básica a la norma estatal en lo referente a las actuaciones de transformación urbanística con medidas que, según advierten, causará «irreparables daños» medioambientales al facilitar la caza en zonas hasta ahora prohibidas y de máxima protección o permitir tratamientos silvícolas, aprovechamientos forestales, obras y actuaciones en las zonas de mayor protección sin mayor control administrativo.
Además, han indicado que se posibilita autorizar negocios y actividades hasta ahora no permitidas por su alto impacto, como los negocios hosteleros, hoteleros y de turismo rural, así como el uso residencial en zonas no urbanizables de protección y anula la participación pública en la tramitación de los planes de gestión.
Especial atención en esta materia han puesto a las modificaciones que afectan a la Ley del Suelo, al permitir una forma de planificación que prima más «el beneficio económico» a costa de menos cesiones de suelo, dotaciones y equipamiento.
En la misma línea, han indicado que, «bajo el mantra de la agilidad y la reducción de costes, se oculta la desregularización para fomentar la especulación y la concentración de recursos en oligopolios agrícolas, ganaderos o de industrias primarias». «En el Anteproyecto de Ley queda claro que el interés no es difundir el medio natural o formar en Medio Ambiente, ni siquiera establecer garantías de sostenibilidad, sino una pura especulación de elites», han alegado.
Entre otras cuestiones, se pone el acento en las modificaciones en la Ley de Montes sobre las ocupaciones en caso de lugares de interés general, poniendo como ejemplo casos como la explotación de la estación de esquí de Navacerrada, o las relativas a la declaración de los parques regionales como el del Manzanares o del Parque Regional del Suroeste.
Igualmente, han remarcado que irá contra los Ayuntamientos, para los que supone una «muy importante» fuente de ingresos para sus arcas las tasas de las licencias y edificación», pero que a partir de ahora irán a empresas privadas.
Desde el sector del taxi consideran nociva para su actividad esta Ley Ómnibus, que establece que la competencia para la regulación y gestión de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) corresponde a la Comunidad de Madrid.
Así, apuntan que podría estar vulnerando el derecho al trabajo recogido en la Constitución Española y a una remuneración justa porque se «salta de manera flagrante» el conocido como Decreto Ábalos, que recoge la necesidad de mantener la proporción 1:30 entre VTC y taxi.
