La ministra de Igualdad, Irene Montero
Médicos del Mundo ha dado la bienvenida este viernes a la petición del Ministerio de Igualdad para que las comunidades autónomas cierren los prostíbulos ante la crisis de la Covid-19, pero ha demandado medidas alternativas para las mujeres.
Así lo ha expresado la ONG después de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, haya remitido una carta a las comunidades autónomas para el cierre de los prostíbulos y lugares de alternes con motivo del coronavirus, en línea con las restricciones establecidas a bares, discotecas y locales de ocio.
«Que no demos tregua a la explotación sexual, que no demos tregua a esa industria proxeneta que siempre permanece en la impunidad y en la absoluta opacidad. Se habla mucho de los derechos de las mujeres en contexto de prostitución pero no de las cifras de negocio», recuerda Montero.
Médicos del Mundo considera que el cierre de los prostíbulos será «insuficiente» si no se acompaña de «una serie de medidas que garanticen los medios de vida de las personas en situación de prostitución, uno de los colectivos más castigados en esta crisis sanitaria, por falta de alternativas reales».
Según la ONG, estas mujeres «se exponían en el peor momento de la crisis sanitaria, en el estado de alarma, con clientes que se saltaban el confinamiento y exigían precios más reducidos y prácticas más violentas».
«Se volvían a exponer en la nueva normalidad, con la reapertura de clubes y pisos, con la imposibilidad de guardar la distancia en la práctica sexual; y ahora vuelven a sufrir la desazón de un sistema prostitucional que las condena a la marginalidad, cerrando prostíbulos sin ofrecer a cambio unas medias de protección que garanticen recursos con los que puedan vivir», ha alertado.
Así, reclama recursos habitacionales, apoyo económico y alternativas para la reinserción laboral de estas personas. Además, ha destacado que muchas mujeres prostituidas en España viven en situación administrativa irregular, lo que dificulta su acceso al Sistema Nacional de Salud. Por ello, exige un acceso sanitario universal y medidas para las víctimas de trata no nacionales o en situación administrativa irregular.
«Sin medidas de apoyo, las mujeres se verán abocadas a seguir siendo prostituidas en la invisibilidad, con más riesgos y con la misma exposición frente al virus, con el consecuente riesgo que supone para la salud pública en un clima de inseguridad sanitaria constante», ha alertado.
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