El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves la moción del PP que proponía reprobar al vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, por ser, el «primer instigador» de los «ataques a la Corona» y pedía la «destitución inmediata» del ministro de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, por «sus groseras afirmaciones en relación» con Felipe VI, al que acusó de «maniobrar» contra el Ejecutivo.
La moción ha sido derrotada por una amplia mayoría, 188 votos, por encima de la mayoría absoluta, ya que el PSOE y Unidas Podemos han contado con la ayuda de los socios de investidura.
La iniciativa, que ha sido respaldada por PP, Vox, Ciudadanos, Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro, era consecuencia de la interpelación que la portavoz del PP, Cuca Gamarra, dirigió hace tres semanas al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.
El primer partido de la oposición incluía en su moción otro punto para el Congreso instase también al Gobierno a «poner fin a sus agresiones institucionales».
Los ‘populares’ alertaban de que «la tala de las vigas maestras del Estado de Derecho y el asedio a la independencia de las instituciones ha sido el pan de cada día de la vida pública» desde la investidura de Pedro Sánchez, al que reconocen su «victoria democrática en las urnas», pero recriminan que después decidiera «libérrimamente echarse en brazos de todos los enemigos de la España constitucional».
Según el PP, nunca como ahora «la división de poderes y los contrapesos constitucionales habían sido objeto de una amenaza tan intimidante trascendencia» que considera «innimaginable» en nuestro entorno democrático.
Como ejemplos de esta situación citaba en el texto «el cortocircuito del Ministerio Fiscal en manos de una comisaria política», en referencia a Dolores Delgado; las «presiones» para «colonizar y someter a vasallaje político a los organismos del Estado» o los «desmedidos improperios lanzados contra órganos judiciales por parte de Iglesias», al que retrata como «líder de un partido abiertamente negacionista del pacto constitucional y recientemente imputado por financiación ilegal».
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