El grupo que encabeza Rita Maestre entiende que con esta decisión el Ayuntamiento «no se ajusta a la legalidad y se aparta, sin explicarlo, del criterio de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, que entendió por unanimidad que estos concejales debían ser considerados no adscritos».
Más Madrid ha criticado que el Consistorio «demoró meses la resolución del recurso aduciendo que estaba a la espera del informe del más alto órgano consultivo de la Comunidad y, una vez lo obtuvo, silencia su contenido y dicta una resolución en contra sabedor de que no se ajusta a derecho».
Para Más Madrid el anuncio de que estos concejales aprobarán la ordenanza de Movilidad, «que no saldría adelante con los grupos legalmente constituidos», es «el motivo claro» que explica esta decisión que, desde su punto de vista, «no se ajusta a la legalidad».
El grupo alerta de la «situación de anormalidad democrática» ya que «es evidente que el Ayuntamiento ha dictado el acto recurrido en el mes de agosto, inhábil a los efectos procesales, con la intención de asegurar unos votos en la aprobación de una ordenanza de Movilidad carente de consenso entre los grupos constituidos».
Más Madrid ha solicitado medidas cautelares hasta que los tribunales dicten sentencia «pues la aplicación de esta decisión puede producir perjuicios irreparables para el interés público, tal y como el propio Ayuntamiento alegó cuando decidió suspender la resolución del secretario» general del Pleno.
