Asamblea de Madrid
Así lo han trasladado los partidos de izquierda antes del Pleno de la Cámara de Vallecas después de que este miércoles El País haya publicado un audio con extractos de una intervención del que fuera CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, frente a una veintena de mandos de la empresa y del hospital el 25 de septiembre.
“En Torrejón en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino”, dice Gallart en ese audio. Asimismo, insta a «hacer iteraciones» –ajustes– para “alcanzar un EBITDA [beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones] de cuatro o cinco millones”, según se escucha en el audio publicado por este periódico.
Ante ello, recoge Europa Press, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha pedido en declaraciones suministradas a los medios de comunicación una comisión para dilucidar qué está pasando en el “modelo sanitario de (la presidenta regional, Isabel Díaz) Ayuso funcionando”.
“Donde hay salud no hay beneficios y donde no hay beneficios no hay salud: hay listas de espera, pacientes maltratados y saqueo a los presupuestos de la sanidad pública”, ha esgrimido la formación, quien ha insistido en que esta filtración “no es ninguna anomalía” sino que es sistema madrileño está “diseñado para esto”.
Así ha pedido “desandar el camino”, pero el de la privatización sanitaria y asumir la gestión pública de todos los hospitales madrileños y no caminar hacia “beneficios de Ribera y de Quirón”.
Por su parte, el portavoz de Sanidad del PSOE-M, Carlos Moreno Vinués, ha mostrado en los pasillos de la Asamblea su preocupación e indignación por el “verdadero escándalo” de que el CEO de una empresa privada “decida sobre la suerte que va a correr la salud de los madrileños”.
“El que decida en cuánto tiempo te van a atender, qué tratamiento te van a ofrecer o cuánto tiempo vas a permanecer en una lista de espera en función de si pertenece a su propia área o a una área vecina, porque entonces se facturan aparte y se les da prioridad”, ha encadenado el socialista, según la citada agencia.
Moreno Vinués ha reprochado que se “primen los criterios económicos de una empresa frente a las necesidades clínicas de pacientes”, un “auténtico jarro de agua fría para los madrileños”. Ha reclamado ante ello que se aproveche está “crisis” para revertir la concesión e integrar “como un hospital más de gestión pública directa” al Hospital de Torrejón.
En el caso de la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha recalcado en los pasillos de la Cámara que el Gobierno regional tiene “la obligación de fiscalizar todos aquellos contratos adjudicados” que afecten a los madrileños, sean del área que sean.
Al hilo, ha afirmado que el caso del Hospital de Torrejón es “el resultado palpable del modelo que está creando el PP” y ha señalado que desde que Ayuso llegase en 2019 a la Presidencia regional “han aumentado las listas de espera en un 64%”.
“Un modelo donde cada vez más gente que no puede acceder a un seguro privado percibe que tiene una peor asistencia sanitaria. Quizá sea el modelo preferido de Miami, pero esto es España y aquí en España nosotros defendemos que los españoles tienen que ser atendidos independientemente de su código postal e independientemente de su renta”, ha criticado Isabel Pérez Moñino.
Por último, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha defendido antes de comenzar el Pleno que la Consejería “ya ha actuado” al haber pedido una reunión “con los máximos dirigentes de la empresa” al tiempo que se ha personado un “equipo multidisciplinar” en el centro para comprobar que el servicio se presta con normalidad.
“No se han detectado ningún incumplimiento del contrato por parte de esta empresa y desde luego no se va a tolerar que exista ningún incumplimiento con esta empresa”, ha garantizado el popular.
Al hilo, ha subrayado que se van a tomar las medidas necesarias y que se continuará investigando lo sucedido. Al ser preguntado por qué opina de que desde la izquierda se pida la reversión de la concesión, ha indicado que lo primero que tiene que hacerse es investigar lo sucedido y “tomar las decisiones a continuación”, pero ha apostillado de nuevo que “no se ha detectado ningún incumplimiento”.
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