hemiciclo del congreso
Las dos diputadas han solicitado que Entrecanales acuda a la comisión de Transporte de la Cámara, una vez que el informe de los investigadores del Instituto Armado vinculan a Cerdán y el exministro José Luis Ábalos con la presunta trama Koldo y el cobro de mordidas por la adjudicación de contratos públicos.
Asimismo, exponen que las obras públicas que están siendo investigadas superan los 720 millones de euros y un elevado porcentaje –el 75% aproximadamente–, habría sido adjudicado a la empresa constructora Acciona. Por tanto, las diputadas quieren que acuda a este órgano parlamentario a informar sobre presuntas comisiones ilegales en la adjudicación de contratos y si están implicados en caso de haberlas miembros del PSOE y Acciona, según Europa Press.
Cabe recordar que en las grabaciones realizadas por el ex asesor ministerial Koldo García exponen que le dijo al ya ex ministro de Transportes José Luis Ábalos que el hasta el jueves secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, había intentado “colocar” a gente de Acciona en ese departamento el mismo día de la toma de posesión de Óscar Puente como su sucesor en el cargo.
Desde la formación han explicado que aparte de la actividad judicial que sigue su curso en el Supremo, desde Más Madrid queremos ir “un paso más allá” con la solicitud de comparecencia del presidente de Acciona, dado que su objetivo es “levantar todas las alfombras y remover todas las esferas de poder vinculadas a la corrupción: la política y también la empresarial”, recoge la citada agencia.
Por su parte, Acciona expresó su “total desconocimiento, sorpresa y preocupación” por las informaciones en las que se alude a su filial de Construcción respecto a determinadas conductas irregulares en la contratación pública, que actualmente se instruyen en el Supremo, y anunció la apertura de una investigación interna para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades, además de ponerse a disposición de las autoridades.
A su vez, la UCO sostiene que los contratos de obra pública que se investigan en el Supremo en el marco del ‘caso Koldo’ fueron adjudicados a las constructoras Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), en proyectos destinados a Andalucía, Asturias, Cataluña, Galicia, La Rioja, Región de Murcia y Teruel.
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