«En el pico de la primera ola, donde se empezó a contratar para reforzar las plantillas por la situación generada por la Covid-19, la cifra que dio el Ministerio era de 94.000 nuevos contratos. El mes pasado se despidió a 13.311 sanitarios de todas las categorías, por lo que ahora nuestra estimación es que más de 50.000 contratos no están asegurados», explica Hontangas.
En este sentido, continúa, «las CCAA van a mantener estos contratos dependiendo de la evolución de la pandemia, con lo cual, si la pandemia baja, estas personas serán despedidas», ha remachado. «Ojalá baje la tendencia de la pandemia, pero no estamos de acuerdo con que estos profesionales sean despedidos, porque las listas de espera que se han generado a partir de la pandemia, con patologías no tratadas, con enfermedades que tienen una demora que ha aumentado muchísimo, estos contratos son irremediablemente necesarios», apostilla.
Además de todo ello, el presidente del sector de Sanidad de CSIF alerta de que España ya sufre un déficit de profesionales con respecto a los países europeos del entorno. «Nos faltan 144.000 enfermeros en todo el sistema, 28.000 solamente en Atención Primaria (AP), un dato demoledor», ha lamentado Hontangas.
Así las cosas, CSIF ha alertado sobre la situación de la AP, por lo que se han dirigido al Ministerio de Sanidad para abordar «de manera urgente» la situación de deterioro de los centros de salud en toda España como consecuencia del déficit de personal, falta de inversiones y la situación de colapso generada durante la pandemia.
«Desde CSIF, consideramos que los centros de salud afrontan la reanudación de las citas presenciales y las campañas de vacunación en precario y sin garantías suficientes para ofrecer los niveles de calidad asistencial que requieren los ciudadanos», afirman desde la organización sindical. Otros factores mencionados que empeoran la situación de la AP es, por ejemplo, el cierre de los vacunódromos Covid-19, que hará que las terceras dosis a los mayores de 70 años se inyecten en los centros de salud, acumulándose con la campaña de vacunación de la gripe de este año.
Asimismo, advierten de que las listas de espera en AP son de hasta 15 y 20 días, lo que supone una sobrecarga de trabajo, pacientes que acuden sin cita previa con problemas de salud, bajas del personal sanitario por agotamiento o covid persistente y deterioro de infraestructuras e instalaciones.
REUNIÓN CON EL MINISTERIO DE SANIDAD
Ante esta situación y las quejas de CSIF, el ministerio ha anticipado las fechas a los sindicatos de las tres mesas específicas sobre Atención Primaria, temporalidad y condiciones laborales, para los próximos días 4, 11 y 18 de noviembre, que llevaban anunciadas desde febrero. Además, CSIF se dirigirá al Defensor del Pueblo para que también evalúe la situación.
Por otra parte, CSIF ve con preocupación la insuficiente oferta de formación sanitaria especializada: 10.634 plazas, un 3,8 por ciento más que el año anterior, lejos del 20 por ciento que reclaman desde la organización sindical. Además, en el caso concreto de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, a pesar de continuar siendo la que mayor número de plazas concentra, esta se reduce en dos respecto al año pasado (2.336 plazas frente a las 2.338 de la convocatoria 2020-2021).
Asimismo, señalan que España está por debajo de la mayoría de los países del entorno, presentando una ratio en AP de personal médico y de Enfermería por 1.000 habitantes de 0,77 y 0,66 respectivamente, no habiendo sufrido prácticamente cambios en los últimos diez años y que, en el caso del personal facultativo, está muy alejada de las tasas de otros países como Portugal (2,6), Irlanda (1,82), Países Bajos (1,61), Austria (1,56) y Francia (1,42).
DÉFICIT DE TUTORES DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA
Igualmente, hay un déficit de tutores de formación especializada, tanto por la carencia estructural en las plantillas de profesionales, como por el escaso reconocimiento. A esta circunstancia se suma la elevada media de edad de este colectivo, con una previsión de jubilaciones elevada en los próximos 5 a 10 años.
«Desde CSIF, señalamos que para alcanzar el promedio europeo sería necesario contar en nuestro país con 9500 profesionales más de Medicina de Familia, teniendo en cuenta además que se jubilarán entre 4000 y 5000 efectivos en los próximos 10 años», se ha señalado durante la rueda de prensa.
Asimismo, han mencionado que hay un déficit de 28.217 profesionales de Enfermería en AP y de otros miles procedentes de otros colectivos (TCAE, fisioterapeutas, administrativos), por lo que el presupuesto que necesitaría invertirse en Recursos Humanos (RRHH) para AP sería entre ambas categorías más de 1.300 millones de euros para alcanzar los ratios de la UE, cifra a la que habría que sumar el presupuesto necesario para el resto de categorías que trabajan en este nivel asistencial (matronas, fisioterapeutas, trabajadores sociales, TCAE y personal administrativo, entre otras). «En resumen, hacen falta más de 38.000 profesionales en AP», ha espetado Hontangas.
Por otro lado, denuencian que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 carecen de la inversión necesaria para el Marco Estratégico de Atención Primaria ya que sería necesario invertir más de 1.600 millones de euros (10 veces más de lo previsto) el próximo año, a lo que habría que sumar el presupuesto necesario en RRHH para alcanzar promedio europeo, según un análisis realizado por CSIF sobre el marco presupuestario de la Sanidad.
«Así, denunciamos que para 2022, el presupuesto que se destinará a AP es un 2,6 por ciento de todo el presupuesto destinado a política sanitaria, teniendo en cuenta además que, según datos de la estadística de gasto sanitario 2019, publicado en marzo de 2021 por el Ministerio de Sanidad, el gasto sanitario medio destinado a AP por las CCAA es del 14 por ciento, muy lejos del 25 por ciento demandado por la Organización Mundial de la Salud y los organismos internacionales», señalan.
Por todo ello, desde CSIF, reclaman al Ministerio de Sanidad la necesidad de la implantación del Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria, tal y como fue acordado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en abril de 2019.
