“No solo de jueces y fiscales vive la justicia”. Más de 50.000 funcionarios de toda España están convocados este viernes a una huelga general y una manifestación en Madrid ante el “caos” que existe en la Justicia. Se trata de la primera huelga de este colectivo en los últimos 20 años. La protesta arrancará en el Ministerio que encabeza Dolores Delgado y terminará en el Senado.
Según señala la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en un comunicado, el objetivo de esta movilización es “trasladar a la sociedad el caos que atraviesa esta Administración, como consecuencia del abandono y la política errática” de los últimos gobiernos.
A esta histórica jornada de huelga están llamados los que se conocen como funcionarios de ‘a pie’, que son los que garantizan “el funcionamiento diario de la Justicia” y se ocupan, entre otras cosas, de los trámites, procedimientos, análisis de pruebas y forenses y toma de declaraciones. Frente a esto, critica CSIF, “los políticos se reparten la cúpula judicial y acaban con la independencia de este poder del Estado y no afrontan los problemas estructurales”. Problemas como los “retrasos”, el “caos informático” o la “falta de medios materiales y personales”.
Para este colectivo “la gota que ha colmado el vaso es la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ultima el Senado y que abre la puerta a la movilización forzosa y discrecional del personal, lo que supone una flagrante vulneración del derecho fundamental a la negociación colectiva”. Entre otras cosas permitirá a la Administración, asegura el mencionado sindicato, “determinar, sin haber negociado con los trabajadores, su puesto de trabajo en cada momento sin atender a su especialización y de forma arbitraria”, así como “destruir empleo por los límites que se establece para el nombramiento de personal de refuerzo e interinos”.
CSIF también ha trasladado una queja al Defensor del Pueblo, que será elevada a instancias de la Unión Europea si la reforma sigue adelante. El sindicato ha presentado más de 30.000 firmas de funcionarios de Justicia de toda España contra esta reforma de la mencionada ley.
