Las personas mayores reagrupadas legalmente por familiares que residen en España, las migrantes en situación administrativa irregular o las personas sin hogar, son algunos de los colectivos más vulnerables por los que teme Amnistía y el resto de organizaciones. Todas ellas consideran que un anteproyecto de ley anunciado por el Gobierno sería un “instrumento clave” para garantizar el derecho a la salud de estas personas.
Son numerosos los casos de personas, relatan, que tras haberse acogido al recurso de la reagrupación familiar, no han sido vacunados (aunque a su grupo poblacional le tocase) por carecer de tarjeta sanitaria.
“Cuatro meses después de su publicación, ninguna actualización del documento de estrategia contiene directrices o recomendaciones que aseguren la vacunación de los colectivos que, a día de hoy, siguen encontrando barreras para acceder al sistema sanitario”, denuncian, recoge Amnistía Internacional en una nota.
Desde la organización también aprovechan para reclamar algo que llevan años pidiendo. No es otra cosa que un anteproyecto de ley “que asegure la universalidad de acceso al Sistema Nacional de Salud sin ningún tipo de discriminación”.
