Más de 40 organizaciones del ámbito de la ciencia y la innovación han hecho un llamamiento conjunto, promovido por la Alianza Severo Ochoa y María de Maeztu (SOMMa), la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) y la Asociación Española de Bioempresas (AseBio), para reclamar que la inversión en I+D+i supere el 2,5% del PIB para el año 2027 para así lograr un cambio estructural del modelo económico.
Tras la aprobación este martes del anteproyecto de los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y las ventanas de oportunidad que suponen el Plan de Reconstrucción, el ‘Green deal’ europeo y las misiones del nuevo Programa Marco Horizonte Europa de la UE, los firmantes consideran que ha llegado el momento de poner a la I+D+I en el centro de la estrategia de futuro para una recuperación sostenible y resiliente de España.
Según recuerdan las asociaciones participantes, en la actualidad España invierte un 1,24% de su PIB en I+D, cifra muy inferior a la media de la UE (2,12%), y más alejada aún de países como Alemania, Dinamarca o Austria (entorno al 3%).
El documento propone cambios administrativos, legales y la puesta en marcha de acciones estratégicas para que la ciencia y la innovación sean los motores de la recuperación de España. La transformación del modelo económico lograría contrapesar la dependencia de sectores muy afectados por la actual pandemia y daría a España nuevas oportunidades y una posición más fuerte ante el futuro. Cristalizar el gran potencial español en I+D+I sentaría las bases de una recuperación sólida mediante un modelo económico sostenible, competitivo y basado en el alto valor añadido.
El llamamiento encabezado por SOMMa, ASEICA y AseBio propone tres ejes de medidas, el primero de los cuales se centra en el fortalecimiento de la ciencia de frontera básica y traslacional.
En este sentido, el primer eje incide en aspectos como la simplificación de la gestión de gasto y la burocracia asociada, el incremento y optimización de la inversión, nuevos programas de captación de talento, y mecanismos que favorezcan la estabilidad de los proyectos de investigación promovidos por organismos públicos.
El segundo eje propone medidas para el fortalecimiento de la innovación y el impulso de la transición a una economía sostenible y de alto valor añadido. Así, se propone potenciar la cooperación público-privada y el tejido empresarial innovador, así como la creación de una ley de mecenazgo. Se indica también la necesidad de acometer una reforma profunda del modelo de ayudas a la I+D+I empresarial y un marco jurídico que minimice las incertidumbres y proporcione estabilidad y seguridad al sistema de I+D+I.
Enlazando los anteriores, el tercer eje se focaliza en mecanismos para incrementar las sinergias entre el sector académico y el empresarial. Para ello, se considera clave el desarrollo de una estrategia nacional a largo plazo que incluya a las comunidades autónomas, incrementar la capacidad de traslación del conocimiento de universidades e institutos de investigación en soluciones innovadoras y la creación de nuevas empresas de base tecnológica.
Finalmente, los firmantes apelan a cultivar el valor de la ciencia como un referente para la ciudadanía, el tejido empresarial y la acción política.
