Esa indemnización es el equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional, fijada actualmente en 3.126,89 euros, por cada año de mandato y con un máximo de 24 meses. Esta prestación no se abona de golpe, sino mes a mes para dar tiempo a ajustes y poder cesar el abono si hay un cambio en la situación laboral del exparlamentario.
En concreto, según los datos del Congreso consultados por Europa Press, están cobrando esta indemnización 24 exdiputados del PSOE, 13 de Unidas Podemos, diez de Vox, siete del PP, seis de Ciudadanos, tres de Esquerra, los dos exparlamentarios que tuvo la CUP en la anterior legislatura y uno del PDeCAT.
El exdiputado que cobrará esta indemnización durante más tiempo, si su situación laboral no varía, es el popular José Ignacio Echániz, quien acumula varias legislaturas a sus espaldas y, por tanto tiene derecho a 18 mensualidades.
La exdiputada socialista por Granada Elvira Ramón, por su parte, puede percibir la indemnización durante 11 meses, su excompañera electa por Jaén Laura Berja, que fue portavoz de Igualdad, podrá cobrarla durante ocho meses, igual que el exdiputado de Podemos Rafa Mayoral y que Anton Gómez Reino, exdiputado de la confluencia gallega del partido morado.
Indemnización de transición
Algunos de estos diputados también cobraron la llamada indemnización de transición tras la disolución de las Cortes el pasado 30 de mayo, una especie de ‘finiquito’ que abona la Cámara para cubrir el periodo entre legislaturas. En concreto, 48 de los 66 exdiputados que ya perciben la indemnización por cese perdieron su escaño en mayo y no volvieron a recuperarlo bien porque no repetían en las listas o bien porque no lograron hacerse con el acta.
Tras la disolución sólo continuaron siendo diputados los 137 miembros de la Diputación Permanente. De las 212 personas que perdieron entonces el escaño, el 95,28% cobraron la denominada indemnización de transición y sólo una decena renunció, según explicaron a Europa Press fuentes parlamentarias.
Esta indemnización de transición, también incompatible con cualquier otro ingreso público o privado, sí se abona en un solo pago y no mensualmente. Su cuantía corresponde a la retribución que cobrarían sus señorías de seguir en activo durante los días que median entre la disolución y la víspera de la constitución del nuevo Congreso.
Además de la denominada retribución constitucional (3.126,89 euros) este ‘finiquito’ incluye la indemnización para cubrir gastos de su actividad parlamentaria (958,75 euros para los de Madrid y 2.008,61 para el resto), y también los complementos que pudieran recibir en función de sus responsabilidades en el Congreso.
