A 1 de octubre de 2025, 133.414 personas siguen pendientes de valoración y otras 150.606 esperan una ayuda o servicio ya concedido. Durante ese tiempo, 25.060 personas han fallecido sin recibir atención, una cifra que pone de relieve las grietas del sistema tras casi dos décadas de la Ley de Dependencia.
La espera para recibir una ayuda por dependencia ya dura casi un año, y en algunas regiones se extiende a más de 500 días
El mapa de la espera: Canarias y Cataluña lideran los retrasos
Casi dos tercios de quienes aguardan una valoración o prestación viven en solo cinco comunidades: Cataluña (81.894 personas), Andalucía (51.547), Comunidad Valenciana (29.747), Canarias (25.755) y Murcia (16.348).
Si se mide en proporción al total de solicitantes, el 12,5% de las personas dependientes están en espera. Las mayores demoras se registran en Canarias (33%), Murcia (22,4%) y Cataluña (19,9%), mientras que Cantabria (3,1%), Galicia (2%) y Navarra (2%) presentan los porcentajes más bajos.
Durante los últimos meses, el tiempo medio de tramitación ha pasado de 334 a 349 días, y supera los 500 días en Murcia, Andalucía y Canarias, muy por encima del límite legal de seis meses.
Más de 25.000 personas han muerto este año sin recibir la ayuda a la que tenían derecho
El coste de la inercia: más de 25.000 fallecimientos sin prestación
El informe contabiliza 13.713 muertes de personas sin haber sido valoradas y 11.347 más que fallecieron con la ayuda reconocida pero sin recibirla.
Cuatro comunidades concentran dos de cada tres decesos: Cataluña (6.851 personas), Andalucía (5.292), Comunidad Valenciana (2.290) y Canarias (1.904).
La asociación que elabora el informe advierte de un “fracaso estructural” del sistema por falta de recursos y burocracia excesiva, y denuncia que la lentitud “está costando vidas cada día”.
El crecimiento del sistema se basa en ayudas de menor coste y menos plazas en residencias y centros de día
Más beneficiarios, pero con prestaciones de baja intensidad
A pesar de las deficiencias, el número de beneficiarios continúa creciendo: en septiembre de 2025 había 1.726.288 personas con dependencia reconocida, 81.371 más que en 2024, lo que representa el 3,5% de la población española.
Sin embargo, la mejora se apoya en prestaciones más baratas y una reducción de la red asistencial: hay 804 plazas residenciales menos y 969 plazas de centros de día menos que el año anterior.
En total, el sistema ha sumado 149.316 prestaciones y servicios nuevos, aunque un 34% de las personas desatendidas son grandes dependientes o severos, con necesidades de apoyo permanente.
El sistema avanza en cifras pero no en justicia: la desigualdad territorial y los retrasos siguen bloqueando un derecho esencial
La teleasistencia, un servicio aún minoritario
Más de la mitad de las personas atendidas en sus domicilios —el 56%— carecen de teleasistencia, y solo 65.647 beneficiarios la tienen como única prestación, el 42% de ellos en la Comunidad de Madrid.
Las comunidades que más han incrementado el número de personas con derecho a prestación son Canarias (22,6%) y Galicia (14%), mientras que La Rioja (1,4%) y Cantabria (0,5%) reducen su cobertura.
En cuanto al perfil de beneficiarios, el 62% son mujeres y el 53% mayores de 80 años, lo que confirma el envejecimiento del colectivo dependiente y su feminización.
Indicadores clave del sistema de dependencia (2025)
| Indicador | Dato |
|---|---|
| Personas en lista de espera | 284.020 |
| Pendientes de valoración | 133.414 |
| Esperando prestación reconocida | 150.606 |
| Fallecidos sin ayuda | 25.060 |
| Tiempo medio de tramitación | 349 días |
| Plazas residenciales perdidas | 804 |
| Centros de día cerrados | 969 |
| Personas con dependencia reconocida | 1.726.288 |
| Aumento anual de beneficiarios | +81.371 |
| Personas con teleasistencia como única prestación | 65.647 |
Un derecho reconocido que sigue pendiente de ser garantizado
El informe concluye que, tras 18 años de vigencia de la Ley de Dependencia, España mantiene un modelo “low cost” que se apoya en ayudas de bajo importe, tiempos excesivos y grandes desigualdades territoriales.
La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales reclama una inversión adicional de 1.000 millones de euros y una reforma que homogeneice los criterios de gestión. Sin ese refuerzo, alertan, la ley continuará siendo un derecho formal más que real.
