Hay una lista espera de 258.00 personas ya valoradas como dependientes y otras 140.000 pendientes de valoración
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales denuncia que el Sistema de la Dependencia presenta “síntomas de un nuevo estancamiento” y alerta de la “imposibilidad” que tienen las comunidades autónomas de atender lo que tienen por delante, con una lista de espera de 258.00 personas ya valoradas como dependientes, lo que se conoce como el “limbo de la dependencia”, y con otras 140.000 personas pendientes de valoración.
Esta asociación cree que hay razones sobradas para abordar la cuestión con toda urgencia, debido a que “se está impidiendo el ejercicio de derechos a cientos de miles de personas dependientes y que incluso muchos de ellos fallecen sin haber llegado a ser atendidos”. Y alerta que “cada mes, aproximadamente el 1% de la lista de espera causa baja por fallecimiento con lo que cada día que pasa son 80 las personas fallecidas sin haber podido ejercer su derecho”.
El gasto promedio por dependiente atendido se situó en 8.090 euros al año en 2018, de los cuales la Administración Central aportó solo 1.348 euros en concepto de nivel mínimo garantizado, el resto lo cubrieron las comunidades autónomas, según el estudio realizado por esta asociación con las certificaciones oficiales anuales remitidas por los gobiernos regionales.
El presidente de esta asociación, José Manuel Ramírez Navarro, recuerda que la financiación estatal no se ha recuperado de los recortes de 2012 y que “ni tan siquiera se han cumplido los compromisos ligados al último presupuesto del Cristóbal Montoro, que preveían el incremento progresivo del Nivel Mínimo de Financiación (un 5% cada año desde 2018); a todas luces insuficiente, pero que tampoco ha visto la luz. Una situación que esta asociación achaca a que “independientemente de la inestabilidad política” la dependencia no se considera una prioridad.
Ramírez Navarro señala que a promesa electoral de reducción del 75% de la lista de espera implicaría –con el actual contexto de atenciones de muy baja intensidad- un incremento del gasto público anual de más de 1.500 millones de euros que, en justicia, deberían ser aportados íntegramente por la Administración General del Estado para llegar así a una aportación global del 36% de la financiación pública, muy lejos aún del 50% previsto. Y dice que habría que valorar que “esa inversión generaría 45.000 puestos de trabajo directos y que se obtendrían unos retornos de 600 millones de euros (Seguridad Social, IRPF, IVA, Sociedades…) sin contar con los retornos inducidos.
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