«RETORNOS ASISTIDOS, NI EXPULSIONES, NI DEVOLUCIONES»
«Esperemos a los tribunales y si alguna cuestión hay que corregir de matiz o no de matiz, se corregirá», ha señalado Grande-Marlaska en declaraciones al programa de la Sexta Al Rojo Vivo, recogidas por Europa Press, insistiendo en su deseo de mantener los «retornos asistidos», que no expulsiones ni devoluciones, según subraya en sus diferentes intervenciones desde este lunes.
El ministro del Interior ha apelado a las palabras de este mismo martes en rueda de prensa del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, para sostener la validez de aplicar el procedimiento de retorno de menores no acompañados a través del acuerdo bilateral de 2007 con Rabat –que entró en vigor en 2013, tras su publicación en el BOE–.
«Este acuerdo entre el Reino de Marruecos y el Reino de España crea una singularidad concreta respecto a un país que es colindante y donde hay una inmigración irregular, o puede haber de menores, de mayor entidad», ha señalado como respuesta a las quejas por la ausencia de la Fiscalía de Menores en las entrevistas con los menores para proceder a las devoluciones.
RESPETO AL ORDENAMIENTO «EN SU CONJUNTO»
A la pregunta de si este acuerdo bilateral orilla la ley de extranjería y, por tanto, cuestiones como la supervisión directa de la Fiscalía, la ley de extranjería o la tramitación de expedientes individualizados, Grande-Marlaska ha contestado que lo que se hace es «respetar el ordenamiento jurídico en su conjunto».
En este punto, ha defendido la «actuación exhaustiva» que llevó a cabo el Gobierno de Ceuta cuando más de 1.000 menores accedieron a la ciudad española el pasado mes de mayo. También ha puesto en valor que la aplicación del acuerdo de 2007 se debe a las «relaciones fraternales, transversales y firmes, en el sentido de confianza» entre ambos países.
«Ceuta ha puesto todos los medios y han sido auxiliados por el Gobierno y la Unión Europea a través del Gobierno», ha indicado, añadiendo que el Ministerio del Interior no tiene la competencia en el «seguimiento» de esos expedientes sobre el caso de cada menor para proceder a su retorno si no son vulnerables y no tienen arraigo en España.
Para Grande-Marlaska, «lo que tiene que quedar claro es que todas las instituciones involucradas, y también evidentemente las ONG, actúan con el principio de la tutela efectiva y para garantizar el interés superior de los menores».
CRÍTICAS DESDE PODEMOS
Preguntado por si cree que se ha cometido algún error, el ministro ha pedido esperar a las alegaciones de las administraciones tras paralizar los tribunales el procedimiento de retorno de 15 menores al día.
También ha dicho que «no le consta» que la vicepresidenta Yolanda Díaz se quejara ante el presidente Pedro Sánchez, así como que, pese a las quejas por sendas cartas de Ione Belarra, titular de Derechos Sociales, la «comunicación es constante» entre todas los equipos del Ejecutivo en torno a un «operativo que se conocía adecuadamente por todos».
En este sentido, ha recordado que «todas las cuestiones interdepartamentales se documentan» por diferentes vías, citando entre ellas los email o las cartas.
