Marcha contra la corrupción, en vísperas de que arranque la comisión sobre la supuesta caja b del PP

La recién creada Plataforma contra la Corrupción y la Impunidad sale hoy la calle para exigir que la Comunidad de Madrid deje de ser “la campeona del despilfarro y la impunidad”, una protesta que se convoca pocas horas de que arranque en el Congreso de los Diputados la comisión de investigación sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular que se inaugura el lunes con la comparecencia del ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

La plataforma –compuesta por más de veinte organizaciones y apoyada por una decena de sindicatos y partidos de izquierdas que se presentó de forma oficial la semana pasada, quiere escenificar con dicha marcha el “hartazgo” de los madrileños por los numerosos casos de corrupción política y de expolio de recursos públicos que han salido a la luz (Púnica, Gürtel, Lezo o Mercamadrid, Bárcenas, Rato, Bankia, hospitales…) y denunciar que la corrupción es “una enfermedad que corre el riesgo de convertirse en endémica y que en la región madrileña tiene un protagonista indiscutible: PP”.

Los convocantes de la manifestación -que comienza a las siete de la tarde en la Glorieta de Ruiz Jiménez y concluye en la puerta del Sol -recuerdan que más de 1.200 personas han suscrito ya el manifiesto “Más democracia, más libertad y más derechos” que es el lema de marcha, un manifiesto que denuncia que “la corrupción política y empresarial en España es sistémica. Proviene del franquismo, ha parasitado el régimen constitucional del 78, y la democracia no ha acabado con ella”.

Los autores del manifiesto señalan que la corrupción es de “tal gravedad que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía”, recuerdan que “no son casos aislados” ya que “son muchos cientos de procesados por corrupción y una lista interminable de operaciones policiales y judiciales”, y hacen notar que “ha sido con el Partido Popular cuando se han alcanzado cotas inusitadas de corrupción y financiación ilegal”.

Los manifestantes recuerdan que “ara que haya gobernantes corruptos, necesariamente ha de haber un poder empresarial y financiero corruptor” denunciando que el proceso es siempre el mismo: “Empresarios que donan importantes comisiones a partidos políticos a cambio de concesiones públicas, financiación ilegal del partido y enriquecimiento personal de algunos de sus dirigentes, negación de los hechos por el partido y no asunción de ningún tipo de responsabilidades”.

Un coste de 90.000 millones

Desde la plataforma también quieren que los ciudadanos no olviden que todo esto ha sucedido mientras desde las instituciones se han aplicado importantes recortes en las políticas sociales subrayando que “el coste de la corrupción se calcula en 90.000 millones, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia”.

Consideran que esta corrupción ha sido fomentada por la “política de privatizaciones emprendida en la última década” y ponen como ejemplo lo sucedido en Sanidad, en el Canal de Isabel II o en la educación a través de la trama Púnica.

Las alternativas que plantea la plataforma pasan “por fortalecer la democracia, la participación ciudadana, la moralidad pública y la transparencia”. Además, de “asegurar la independencia del poder judicial y de los organismos de seguridad encargados de la investigación de este tipo de delitos”.

Igualmente reclaman un gobierno que respete la división de poderes, “que no prescriban los delitos de corrupción económica y política, y que se sancione tanto a los corruptos como a los corruptores”, unido a la lucha contra los paraísos fiscales. Finalmente, exigen que se devuelva el dinero robado y que se pueda revocar a todo cargo público electo.

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