De acuerdo al citado estudio, durante el Plan de Choque (2020-2023) el Gobierno de España incrementó su aportación para la dependencia en un 138% frente al 9% del incremento de las comunidades. En este sentido, tres autonomías disminuyeron durante ese periodo el gasto en la atención a estas personas. Fueron Castilla y León, Galicia y Aragón. Recortaron 34,7 millones, 6,4 millones y 3,2 millones, respectivamente. En porcentajes, los datos son -6,3%, -2,1% y -1,6%.
“Especialmente sangrantes son los recortes que se han producido en Galicia, ya que es la comunidad con menor porcentaje de personas atendidas sobre la población potencialmente dependiente (16%) frente al 23% de media nacional”, critica la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
En cuanto a inversión, las comunidades que más dedican en dependencia por persona potencialmente dependiente y año son País Vasco (2.848 euros), Extremadura (2.599) y Navarra (2.413), mientras a la cola continúan Murcia (1.504), Canarias (1.248) y Galicia (1.073).
Asimismo, las autonomías que mayor porcentaje destinan de sus propios presupuestos a la Atención a la Dependencia son País Vasco (83,9%), Navarra (80,8%) y Extremadura (78,2%) y las que menos (“las más financiadas por la AGE”) son La Rioja (59%), Galicia (59,3%), Andalucía (62,3%) y Castilla y León (63,2%).
“En el año que cumple la mayoría de edad la Ley de Dependencia” la asociación denuncia “el incumplimiento de las Administraciones Públicas que han convertido derechos subjetivos en derechos efímeros y de papel”.
Dicho esto, recuerda que a fecha de hoy todavía hay 292.792 personas están en las listas de espera y que cada 15 minutos fallece una en el “laberinto burocrático” de la norma. “Y que, desgraciadamente, a las 40.447 personas que fallecieron el pasado año, los presupuestos no les llegaron a tiempo”, lamenta.
