Así lo han manifestado fuentes del consorcio a Europa Press, que trasladan su intención de “defender la legitimidad de su oferta voluntaria por Talgo”, al considerar que cumple “con todos los requisitos legales vigentes”.
El alto ejecutivo detrás de Magyar Vagon, András Tombor, ya avanzó en una rueda de prensa celebrada a principios de julio que, en el caso de que el Gobierno acabase por denegar la operación, lo que finalmente ha sucedido, habría varias oportunidades legales para recurrir.
Esta potencial demanda contra el Estado se suma a la advertencia que la asociación de accionistas minoritarios Aemec ya ha emitido, que cree que este veto priva a los accionistas de poder vender sus acciones libremente, por lo que también recurrirá la decisión del Gobierno.
En este sentido, el Ejecutivo defiende que este veto se produce “en aplicación de la normativa española vigente en materia de control de inversiones exteriores y con pleno respeto al Derecho comunitario y las competencias de la Unión Europea sobre inversiones extranjeras directas, protección del mercado interior y la libre circulación de capitales”.
Al estar la información clasificada, el Gobierno no entra al detalle de las razones para vetar la operación, pero insiste en esta legitimidad e incide en que el marco normativo español “es equilibrado y referencia a nivel internacional al compatibilizar la atracción de inversiones y la defensa de los intereses nacionales”.
