En los últimos días de abril, Madrid enfrenta una nueva crisis de huelga de basuras que ha sacado a relucir viejos fantasmas del pasado. Doce años después de la denominada «huelga salvaje» de 2013 bajo el mandato de Ana Botella, la ciudad vuelve a ver sus calles invadidas por residuos, mientras el Ayuntamiento, ahora liderado por José Luis Martínez-Almeida, amenaza con asumir el control directo de la limpieza si no se resuelve el conflicto. Multas millonarias, contratación de empresas externas y un pulso abierto con los sindicatos dibujan un panorama que parece calcado al de entonces.
Una huelga que revive la historia
En noviembre de 2013, Madrid vivió trece días de huelga de limpieza viaria y jardinería que concluyeron con una intervención sin precedentes: Ana Botella recurrió a la empresa pública Tragsa y a trabajadores temporales para restablecer el servicio. La gestión incluyó un ultimátum de 48 horas y sanciones millonarias a las concesionarias.
Ahora, en abril de 2025, la historia se repite. Con cuatro días de huelga a sus espaldas y servicios mínimos incumplidos, Almeida advertía este viernes que el Ayuntamiento «estudia alternativas» para recoger los residuos.
«Es un servicio que el Ayuntamiento está obligado a dar y que puede afectar a la salubridad de los madrileños», defendió el alcalde, justificando la contratación de medios propios o externalizados.
Empresas externas y ultimátum de Almeida
Al igual que ocurrió en 2013, la contratación de empresas externas se convierte en la principal alternativa ante el bloqueo de las negociaciones. Según anunció el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, el Ayuntamiento procederá a limpiar las calles con medios ajenos desde la madrugada del domingo al lunes si no hay acuerdo.
Este contrato de emergencia sería repercutido directamente a las concesionarias responsables del servicio, aumentando aún más la presión sobre ellas.
Sanciones millonarias en aumento
El Ayuntamiento de Madrid también ha decidido intensificar las sanciones por el incumplimiento de los servicios mínimos. Hasta el viernes se habían impuesto 1,6 millones de euros, cifra que aumentó a 2 millones el sábado y sigue creciendo a razón de 400.000 euros diarios. A cierre del sábado, las sanciones sumaban ya 2,4 millones de euros.
Sumario destacado: En 2013, la crisis de las basuras costó 4,5 millones de euros en sanciones a las empresas concesionarias.
Apoyos políticos a Almeida
Al igual que Ana Botella recibió el respaldo del Partido Popular durante la crisis de 2013, José Luis Martínez-Almeida ha encontrado apoyo en la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Este sábado, Ayuso criticó la falta de compromiso de los huelguistas, especialmente en un momento clave para el turismo en la capital.
También hace doce años, la entonces Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, avalaba las medidas de Botella asegurando que «cuando son servicios asistenciales, hay que coger las riendas».
