DÍAZ AYUSO, EN EL PLENO DE LA ASAMBLEA DE MADRID
La decisión del Ejecutivo autonómico se tomó pese a que había plazas libres en las residencias públicas de la región, que gestiona la Agencia Madrileña de Atención Social. En concreto, tal y como detalla el citado medio, había 1.417 plazas libres en abril, 1.538 en mayo y 1.616 en junio, los mismos meses en los que se derivó a los citados mayores.
Se tratan de cifras oficiales logradas por el grupo socialista en la Asamblea de Madrid tras preguntar a través del Portal de Transparencia. “Más de 1.500 plazas de media en residencias públicas tenía disponibles la Comunidad de Madrid entre abril y junio de 2020 mientras ingresaba a 163 mayores en residencias privadas”, critica Lorena Morales, portavoz de Políticas Sociales del PSOE-M. Unas plazas, continúa, “que se pagaron muy por encima del precio que abonaba por una plaza concertada y conforme a lo que las propias residencias privadas le pidieron y, sin embargo, ¿no podían hacer uso de sus propias plazas públicas vacías? No tiene ningún sentido”.
La Comunidad de Madrid, ya publicó Radio Madrid, abonó a estos centros como indemnización casi 90 euros por plaza frente a los poco más de 50 euros que se pagaban en esas fechas por las plazas concertadas. Además, lo hizo en contra del criterio de la Abogacía de la Comunidad de Madrid.
Desde la Consejería de Política Social han señalado a la SER que las plazas no ocupadas de las residencias públicas responden “a la suspensión de nuevos ingresos decretada por las autoridades sanitarias, a los residentes que se fueron con sus familias durante esas semanas y a que el AMAS aplicó desde abril la reserva de un 10% de sus plazas autorizadas para poder mantener la distancia social y los aislamientos”, una medida esta última que se tomó antes de que las autoridades sanitarias lo hicieran general a todos los centros.
Según apuntan desde el departamento que dirige Concepción Dancausa, “el traslado de residentes a otros centros no obedecía al número de plazas disponibles, la decisión se tomaba con criterios técnicos sanitarios en función del nivel de contagio de los centros, de su estructura o de las zonas sectorizadas de los mismos”.
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