Referido a 2019, este trabajo contempla tres dimensiones: definición de derechos, estructuras y planificación (D); relevancia económica (E); y cobertura efectiva de prestaciones y servicios (C), evaluadas cada una de ellas a través de indicadores detallados que se elaboran siempre con fuentes de datos de carácter oficial.
De acuerdo con el informe, País vasco y Navarra, seguidas de Castilla y León, vuelven a ser las comunidades mejor calificadas. Detrás de Madrid, Murcia, Canarias y Cantabria son las comunidades peor valoradas, calificadas todas en la categoría de servicios sociales “irrelevantes”.
De media, el gasto público en servicios sociales respecto al PIB regional es del 1,98%, todavía lejos del máximo de 2012, cuando se logró el 2,02%.
“Llegamos a las puertas de la crisis de la Covid-19 con un sistema muy debilitado”, lamentó el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.
“La complejidad burocrática y los trámites farragosos han aumentado, además”, prosiguió, y suponen “auténticas barreras que dificultan que las personas puedan hacer uso efectivo de las prestaciones y servicios sociales cuando más los necesitan”.
El informe destaca que seis comunidades mejoraron su puntuación respecto a la aplicación anterior (año 2018). La Comunidad Valenciana, con un incremento de 1,35 puntos, es la región que más avanzó en este terreno. También lo hicieron Navarra (+0,75), País Vasco (+0,75), Extremadura (+0,55), Aragón (+0,50), y Andalucía (+0,35).
Sin embargo, hay 11 comunidades que empeoraron sus resultados, mientras que Madrid permaneció igual. Cantabria (-0,55), Canarias (-0,35), Cataluña (-0,25), Galicia (-0,25) y La Rioja (-0,25) son las que peores resultados obtuvieron.
DESIGUALDAD
Por otro lado, el informe subraya la existencia de “extraordinarias diferencias entre territorios”, que suponen una gran desigualdad de oportunidades reales para hacer efectivos derechos muy básicos de las personas en función de su lugar de residencia.
El País Vasco destina más del doble de inversión por habitante y año en Servicios Sociales (738 euros/año) que Murcia, con sólo 299. Del mismo modo, el porcentaje del PIB regional que Navarra dedica a Servicios Sociales (2,37%) es también más del doble que el que destina la Comunidad de Madrid, con solo el 1,04%.
Las Administraciones Públicas del País Vasco invierten el 13,7% de sus presupuestos en Servicios Sociales, mientras que en la Comunidad de Madrid solo el 7,79% del presupuesto se destina a tal fin, abunda la investigación.
En Navarra hay un profesional de los Servicios Sociales de Atención Primaria por cada 745 habitantes, prosigue el informe, y en Canarias, uno por cada 3.219 habitantes. El 15,1% de la población potencialmente dependiente de Castilla y León recibe prestaciones del Sistema de Atención a la Dependencia, y sólo un 0,1% de quienes tienen reconocido el derecho a recibir prestaciones por su situación de dependencia están pendientes de ser atendidas.
Mientras, en Canarias sólo el 7,6% de su población potencialmente dependiente recibe estas atenciones (menos de la mitad que en Castilla y León), y en Cataluña el limbo de la Dependencia es del 31,9%.
GASTO Y EFICIENCIA
Otra conclusión que confirma la aplicación del Índice DEC, año tras año, es que el éxito en el desarrollo de los Servicios Sociales no solo tiene que ver con el mayor o menor esfuerzo económico que realizan las Administraciones Públicas. De hecho, a Extremadura y Asturias “su elevado gasto en Servicios Sociales no les luce tanto” como a Castilla y León, Aragón y Galicia, que obtienen mayor cobertura con menor presupuesto.
A su juicio, una de las claves que pueden explicar la eficiencia en el gasto es el grado de descentralización de servicios en las administraciones locales. “En un momento tan crítico como el actual, se agudiza la inoperancia del Sistema por sobrecarga de gestión”, denunció Ramírez. “Es la burocracia contra las personas”.
En esta línea, advirtió de la amenaza de “convertir los Servicios Sociales en simples oficinas de procedimiento, acreditación y clasificación de la ciudadanía (‘checking’ social), en función del cumplimiento de requisitos para acceder a diversas ayudas que se establecen ante situaciones de pobreza.
“Eso hace inoperantes a los servicios sociales en momentos como los actuales, en los que tenemos que responder a nuevas realidades y necesidades que plantea la sociedad post Covid”, reclamó.
