«Lo que hemos conocido nos parece de una enorme gravedad porque cercena la libertad de los ciudadanos. No se puede poner en riesgo a quienes han ahorrado toda su vida. Es una medida intervencionista, que no puede tener cabida en una democracia liberal y avanzada», ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, la consejera madrileña de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín.
Por todo ello, ha anunciado que la Comunidad de Madrid buscará las fórmulas para «blindar» a los propietarios de vivienda afectados por la nueva ley, si llega a aprobarse en el Congreso. Martín ha insistido en que perjudican a muchos ciudadanos, ayuntamientos y promotores de vivienda, «que saldrán del país».
La consejera ha destacado que desde la Comunidad de Madrid quieren «dar certeza y seguridad jurídica» a los propietarios, atraer inversiones internacionales, favorecer la disposición de suelo en el mercado para que haya más oferta, así como la construcción de vivienda pública a través del Plan Vive con el mismo objetivo, «favoreciendo así la bajada del precio».
Por todo ello, la titular regional de Vivienda estará «muy atenta» al texto completo de este anteproyecto de Ley, ya que hasta ahora solo conocen detalles a través de declaraciones de miembros de Podemos y noticias de prensa. «Si su aplicación depende de las comunidades, buscaremos cómo blindarnos ante estos planteamientos para defender a los ciudadanos», ha reiterado.
