Isabel Díaz Ayuso junto a Enrique Ruiz Escudero y Enrique Ossorio. (Foto: Comunidad de Madrid)
“En un momento en que existe prácticamente un consenso en la necesidad de reforzar la sanidad pública los presupuestos que aprueban las CCAA son un índice de la preocupación de las mismas por el sistema sanitario”. Según esta Federación, dicho sistema se encuentra “en una situación de crónica desfinanciación”.
De acuerdo a los presupuestos presentados por las distintas comunidades, cuya aprobación final está todavía pendiente, las cuentas de la Comunidad de Madrid son las que menos dedican por habitante a esta partida. El Gobierno de Ayuso dedicará 1.446,13 euros. Muy lejos del presupuesto sanitario per cápita de Asturias, que se coloca a la cabeza con 2.133,13 euros. Casi 700 euros de diferencia entre una y otra.
Madrid repite por cuarto año consecutivo a la cola de este ranking, “y ello a pesar de que Cataluña tiene unos presupuestos prorrogados”, destaca la FADSP. Esta escasa financiación protagoniza las demandas de los sindicatos y colectivos sanitarios y marca la huelga en Atención Primaria, que se extiende desde hace varias semanas.
“De nuevo las diferencias son excesivas, 687 euros por habitante entre la comunidad que más dedica y la que menos presupuesta”, lo que para esta Federación “dificulta que se puedan proveer los mismos servicios sanitarios, en cantidad y/o en calidad, y rompe con la necesaria equidad y cohesión entre las CCAA”.
Asimismo, en este análisis se pone de manifiesto “un crecimiento de los presupuestos sanitarios per cápita respecto a 2022 en promedio (129,24 euros, un 7,69% más)”. Sin embargo, este aumento “sigue siendo insuficiente para las necesidades del sistema sanitario”, afirma. Tal y como reclaman desde la FADSP, se requiere una subida de 1.000 euros per cápita.
Con estos datos sobre la mesa, esta Federación concluye que dicho incremento en lo relativo a la sanidad es “escaso y muy mal repartido” y supone “que se mantenga la insuficiencia financiera global de nuestro sistema sanitario y consolida las desigualdades interterritoriales”. De ahí que incida en la necesidad de un “esfuerzo presupuestario” para reforzar la sanidad pública, “así como mecanismos de financiación finalistas que permitan reducir las excesivas diferencias y garantizar el derecho constitucional a la protección de la salud”.
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