La Comunidad de Madrid sigue pagando 20 años después por las expropiaciones que se realizaron para construir la M-45, uno de los proyectos faraónicos de Alberto Ruiz-Gallardón. El Ejecutivo autonómico ha tenido que abonar ya en nueve sentencias firmes 132 millones de euros, según los datos facilitados por la Consejería de Transportes. Y está pendiente de que se resuelva el recurso de otra sentencia que con toda probabilidad supondrá un nuevo pago de 47,4 millones.
La información la facilita hoy elconfidencial.com, digital que también aporta la opinión al respecto de Podemos y Ciudadanos. La formación morada tacha de “irresponsable” al Gobierno regional, ya que “ha ido recurriendo todas y cada una de estas sentencias, sabiendo que las primeras que perdieron ya constituían jurisprudencia, lo que ha supuesto un importante sobrecoste en intereses. Mientras que el partido naranja hace notar que el gasto inicial previsto en expropiaciones solo era de 11,5 millones.
Recuerda este medio online que para construir la M-45 –que fue inaugurada en 2002 y que se adjudicó en tres tramos distintos, hubo que iniciar 897 expedientes expropiatorios, de los que el 20% afectó a empresas y el resto, a particulares. Señalando que los pliegos “determinaban unos costes de expropiación bastante bajos, no superiores a los 11,5 millones de euros, ya que la idea era que el precio que se iba a pagar por los terrenos no superara el 7% de la inversión de la obra ejecutada”.
E indica que Gobierno regional fijó un precio de expropiación de entre 1,59 y tres euros el metro cuadrado para el tramo uno, de 1,06 euros para el tramo dos y de 0,74 euros para el tramo tres. Precisando que “la mayoría de los propietarios callaron y aceptaron, pero un puñado de ellos no vio con buenos ojos la oferta de la Administración y empezaron a denunciar”.
Elconfidencial.com explica qué sucedió con estos recursos judiciales, señalando que “as primeras sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid llegaron en 2007 y dictaminaron que esos terrenos expropiados eran suelo urbanizable, cuando la comunidad los pagó como rústicos. La Justicia valoró el suelo de acuerdo a su destino y entendió que la M-45 constituye una auténtica vía urbana, que configura el desarrollo de una vía de conexión entre varios municipios. Por lo que se fijaron nuevos precios. En los tramos uno y dos, hasta los 39 y 43 euros respectivamente, 18 veces más; mientras que en el tercer tramo se fijaron precios que llegaron a los 52 euros, 66 veces más.
Apunta el digital que las sentencias han ido llegando con cuentagotas pero erosionando las arcas públicas. Ya hay nueve que suman 132 millones de euros, y está pendiente una décima de un recurso presentado ante el Supremo que puede suponer otros 47,4 millones de euros.
“Y todavía hay pendientes unas 30 sentencias” explica el diputado de Podemos Alberto Oliver, que está analizando las cuentas de la M-45 en la comisión de deuda de la Asamblea de Madrid, en declaraciones al mencionado digital, en las que subraya que su grupo ya ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por los sobrecostes de la carretera, que empezó a funcionar en julio de 2002. Desde entonces, la comunidad ya ha desembolsado 1.177 millones (datos hasta septiembre de 2017). La concesión dura hasta 2029 o 2032, en función del tramo.
El representante de Podemos, siempre según recoge el mencionado digital, explica que “en los pliegos firmados se estableció que el coste de esas expropiaciones debería ser asumido por las empresas explotadoras como parte del proceso de construcción y concesión”.
Y también critica que la Comunidad de Madrid haya ido recurriendo todas y cada una de las sentencias, “sabiendo que ya constituían jurisprudencia y que por tanto tenia perdidos de antemano esos recursos y que debería pagar intereses de esas cantidades que superaban el 10% e incluso intereses de esos intereses durante el tiempo que mediase entre las sentencias y el fallo de los recursos”. Una decisión que ha supuesto, según Podemos, más de 34 millones de intereses que se suman a los sobrecostes de expropiación.
