Madrid deja en la ‘calle’ al centenar de rastreadores que un juzgado mandó readmitir

Madrid deja en la ‘calle’ al centenar de rastreadores que un juzgado mandó readmitir

La Consejería de Sanidad, según CCOO, rescinde sus contratos, cuya fecha de vencimiento era el pasado 15 de diciembre, argumentando que “no eran necesarios ya sus servicios”.

    Isabel Díaz Ayuso y Enrique Ruiz Escudero

    El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso deja “definitivamente” en la calle a  los 119 rastreadores y rastreadoras que un juzgado mandó readmitir al dictaminar que su despido era nulo. Así lo ha decidido la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, informa CCOO, que recuerda que tras la sentencia el Ejecutivo autonómico “eludió normalizar su readmisión, incumpliendo la sentencia judicial”. Según el sindicato, rescinde sus contratos, cuya fecha de vencimiento era el 15 de diciembre de 2022, argumentando que “no eran necesarios ya sus servicios”.

    Sin embargo, CCOO critica que “acto seguido” haya contratado a seis enfermeras/os, un médico y un biólogo para estas labores, “pero no lo ha hecho a través de la Consejería de Sanidad, en concreto de la Dirección General de Salud Pública que es donde están adscritos para realizar su trabajo, sino que los contratos de este personal se han formalizado a través de la Fundación de Investigación de Atención Primaria”.

    Asimismo, al mismo tiempo “ha amortizado el mismo número de puestos (ocho) del mismo grupo (Grupo A) que estaban contemplados en la plantilla orgánica de la citada Dirección General”.

    Comisiones incide en que la Sección 3ª de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ordenó -sentencia de 20 de octubre- la readmisión de los 119 rastreadores y rastreadoras que despidió la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, el 30 de junio. “Estos profesionales recibieron la comunicación de readmisión, pero tras impedirles entrar en su centro, finalmente fueron ‘arrinconados’ en un ‘almacén’, sin medios para desarrollar su trabajo y sin tener trabajo alguno encomendado”, tal y como publicó en su día EL BOLETIN.

    “El contrato de estos profesionales finalizó el pasado 15 de diciembre, fecha en la que se dio por terminada la obra o servicio por la que fueron contratados”, continúa el sindicato. “Desaparecieron todos los contratos existentes, los que no renovaron y los que continuaron”, remarca antes de asegurar que “con ello, la Comunidad de Madrid ha reducido drásticamente la plantilla del personal de Salud Pública y ha buscado un subterfugio legal para externalizar la contratación”.

    “Los nuevos acuerdos profesionales se han hecho a través de la Fundación de Investigación Biomédica de Atención Primaria, cuyo objeto social es investigación, desarrollo y formación biomédica”. Según CCOO, “se trata de un ente público más flexible con la forma de contratación y con condiciones laborales inferiores y donde la Administración se refugia en la opacidad y falta de transparencia para contratar”.

    A través de este organismo se ha contratado a seis enfermeros, un médico y un biólogo, para trabajar en Salud Pública, destaca. Se trata de una “maniobra”, denuncia, que lleva “a la reducción y externalización de la plantilla de personal laboral y funcionario en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid”.

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