Residencia de ancianos
El tiempo no pasa en la residencia pública de mayores dependientes Peñuelas de la Comunidad de Madrid. La privatización sigue siendo un usuario más. Y así lo será durante los próximos tres años. La Consejería de Políticas Sociales y Familia ya ha sacado a la luz el nuevo contrato para gestionar el centro por 14,71 millones de euros.
A diferencia del que se redactó en 2015, este concurso contará con un ligero aumento presupuestario de 870.000 euros. El otro gran contraste gira en torno a los criterios de adjudicación: si hace cuatro años lo económico tenía un peso del 90% a la hora de aceptar ofertas, ahora ese porcentaje ha descendido hasta el 49%.
Sin embargo, las grandes distancias se detienen ahí. Las plazas ofertadas en el centro serán las mismas (220 para residentes, 45 para el centro de día y 20 para el centro de día de respiro familiar), al igual que el número de personal que se reclama a la empresa ganadora. Es en este último punto por donde han versado parte de las críticas a la residencia en los últimos años.
A pesar de ello, el Gobierno autonómico ha vuelto a fijar el número de presencias físicas durante el año en 67 entre todos los turnos. El turno de mañana será el que congregue a más personal: hasta 36 profesionales.
En total, se reclaman tres médicos (dos para el turno de mañana y uno para la tarde); siete enfermeras (tres para la mañana, tres para la tarde y una para la noche); 49 auxiliares de Enfermería (23 para la mañana, 18 para la tarde y ocho para la noche); tres fisioterapeutas; un psicólogo; un trabajador social; dos terapeutas ocupacionales y un animador.
“Dado que la Consejería de Políticas Sociales y Familia no dispone de medios personales para mantener en funcionamiento el citado centro y que no resulta posible ampliarlos en los momentos actuales, es preciso tramitar un contrato de servicios para su gestión”, explican desde la Comunidad de Madrid.
La sombra de Uribarri
La residencia pública Peñuelas, ubicada en el distrito madrileño de Arganzuela, está gestionada actualmente por la empresa Aralia. Y ahí se ubica la primera polémica: la compañía saltó a los medios a raíz del caso de corrupción Enredadera, del que el empresario José Luis Uribarri fue protagonista. Es más, estuvo señalada en esta macrooperación.
En Madrid este centro ha copado denuncias, investigaciones y duros relatos. “Hace poco entré en la habitación de mi madre a las diez y media de la mañana y el termómetro marcaba casi 30 grados”, denunciaba Carmen Botí, miembro de la Plataforma por la Dignidad de los Mayores en las Residencias (Pladigmare) y cuya madre es usuaria de la residencia de Peñuelas, en palabras a EL BOLETÍN.
Una residencia donde en 2015 ya se reprochó la “ausencia de personal” para atender a 220 ancianos, algunos “grandes dependientes”. Y todo mientras las instalaciones contaban con una plaga de cucarachas, pero sin licencia de funcionamiento, tal y como descubrió el grupo parlamentario Podemos en la anterior legislatura.
La denuncia de los familiares
Tres años después las cosas no cambiaron por Peñuelas. Incluso el escenario llevó a los familiares a plantar una denuncia. En el texto se hablaba desde esa falta de personal “a todas luces deficitarias” a los fallos de mantenimiento en elementos tan básicos como enchufes o cisternas hasta confusión o descuido en la limpieza y orden de los enseres de los residentes.
HEMEROTECA: Denuncia conjunta de familiares en una residencia del empresario de ‘los semáforos’ Ulibarri
“A pesar de que nos dicen que se cumplen los ratios de personal se aprecia que no dan abasto, trabajan contrarreloj y esto se evidencia en el descuido en el vestuario de los residentes, la confusión en la distribución de las prendas de vestir, la falta de limpieza de muchas zonas y un largo etcétera”, lamentaron los familiares.
Por el momento, Aralia está entre las empresas que se han presentado al concurso, junto a otras nueve. Mientras, tal y como recogió eldiario.es, la lucha contra la privatización de las residencias sigue latente.
“El problema de las residencias es global, y desde luego hacen falta más públicas. En Madrid, casi todas se privatizaron. No hay control, las quejas caen en saco roto en muchas ocasiones. Falta normativa y falta transparencia”, aseveró Rosa Corrochano, secretaria de Pladigmare.
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