Según este estudio, “la pandemia ha sido aprovechada por varias comunidades autónomas”. “Especialmente, la de Madrid”, afirma, que, “en lugar de para reforzar la Sanidad Pública”, lo que ha hecho es “profundizar esta deriva privatizadora del sistema”. Precisamente, esta región se mantiene como la autonomía con mayor grado de privatización de sus servicios sanitarios de España. Y van unos cuantos años.
La comunidad liderada por Ayuso lleva desde 2019 a la cabeza. Incluso en un informe de la FADSP de 2014 ya aparecía en primer lugar del ranking. Junto a ella, como si de una escudera se tratara, Cataluña aparece en segundo lugar en todos estos estudios. El tercer y cuarto lugar del nuevo informe de esta federación en cuanto a comunidades con mayor privatización son para Baleares y Canarias, mientras que Navarra, Andalucía, Galicia, Valencia, Castilla y León o País Vasco se sitúan como autonomías con un grado intermedio. Aquellas con menor grado de privatización son Castilla-La Mancha, Extremadura y Cantabria.
Según la federación en defensa de la sanidad, en todas ellas se ha producido un aumento de la privatización, “en la provisión y en la financiación de nuestro sistema sanitario en general, especialmente importante a partir de 2009”. Y esto se pone de manifiesto, por ejemplo, en el gasto sanitario privado en España, que es del 26,7%, de acuerdo a datos de OCDE. Está varios puntos por encima de la media de la propia OCDE, fijada en el 23,7%.
A esto hay que añadir el “gasto de bolsillo”, que se sitúa en el 19,6% del total (media OCDE 18,1%), y que se ha incrementado de “manera importante” con los seguros privados.
Respecto a los conciertos, el gasto ha aumentado en todo el país un 8,98% en 2021 respecto a 2019, cuando el presupuesto lo hizo solo un 7,78%. Algo ante lo que la FADSP señala que “los recortes y el deterioro de la sanidad pública han sido y continúan siendo el principal incentivo para el crecimiento del sector privado, y por eso es una de las estrategias utilizadas para favorecer la privatización”.
En este sentido, Cataluña es la autonomía que más porcentaje de gasto sanitario dedica a la contratación con centros privados, un 23,9%, a mucha distancia de la segunda, que es Madrid, con un 11,7%. Por detrás, Baleares, que destina un 8,6% de su partida sanitaria a los conciertos privados; Canarias, con un 7,3; y País Vasco, con el 6,7 %. Todas estas comunidades están por encima de la media nacional (6,6%). Frente a esto, Castilla y León es la autonomía que menos presupuesto sanitario dedica a contratar con centros privados, el 2,8%, junto a Aragón, con el 3,7% y a Andalucía, 3,9%.
“Obviamente este aumento de la provisión y del aseguramiento privado va unido”, se advierte en el estudio, “a una mayor desigualdad y a exclusiones porque solo acceden a estas fórmulas las personas con más recursos, pero también se conoce que el aumento de la financiación pública hacia el sector privado produce un aumento de la mortalidad evitable y que ello se debe a que va unida a una desfinanciación paralela de los centros de gestión pública”.
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