Así se desprende de los datos de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la sanidad Pública (FADSP) en relación a los presupuestos sanitarios de las comunidades para el año que viene. Según destaca, las cuentas autonómicas “son un índice de la preocupación de las mismas por el sistema sanitario, especialmente cuando estamos en una Sanidad Pública crónicamente desfinanciada, y el gasto sanitario de las CCAA es el 92,96% del gasto sanitario público total”.
Esta federación apunta que se ha producido un “crecimiento modesto” de los presupuestos sanitarios per capita respecto a 2021 en promedio. En cifras: 66,95 euros, un 4,15% más. No obstante, “sigue siendo insuficiente para las necesidades del sistema sanitario”, afirma. Y es que, la FADSP reclama una subida de 1.000 euros per capita, ya que con el incremento que se producirá el año que viene España continuará estando por debajo de la media de los países de la UE en gasto sanitario per capita y “muy por debajo” de los países del euro.
Atendiendo a la situación en las diferentes regiones, el mayor presupuesto per capita es el del País Vasco (1.991,21 euros) y el menor el de Madrid (1.300,65), “que lo es por tercer año consecutivo”. Y todo esto a pesar de que Andalucía tiene unos presupuestos prorrogados, recuerda este colectivo. De esta manera, la ratio máximo/mínimo es de 1,53, “prácticamente igual que el año pasado (baja 4 centésimas)”.
El gasto medio en la Comunidad de Madrid, los mencionados 1.300,65 euros, la sitúan a la cola y están muy por debajo de los 1.679,26 de la media de las autonomías para 2022.
Asimismo, la FADSP pone de manifiesto que las diferencias entre la comunidad que más dedica y la que menos presupuesta “son excesivas”. Según sus cálculos, 690,65 euros por habitante entre una y otra. Esto se traduce en dificultades para “proveer los mismos servicios sanitarios, en cantidad y/o en calidad, y rompe con la necesaria equidad y cohesión” entre las diferentes autonomías.
Para esta federación el aumento en el gasto sanitario es “escaso” y “muy mal repartido”, provocando que se consoliden las “desigualdades interterritoriales”. De ahí que incida en la necesidad de “menos promesas vacías” y “más presupuestos para la Sanidad Pública”, así como “mecanismos de financiación finalistas que permitan reducir las excesivas diferencias y garantizar el derecho constitucional a la protección de la salud”.
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