La caída de Eduardo Zaplana, detenido este martes por los delitos de blanqueo, malversación y prevaricación, ha puesto de manifiesto los problemas con la justicia que tienen los expresidentes del PP la Comunidad de Madrid y de la región valenciana. Algo les une. Existe una especie de ‘maldición’ que pone a muchos de ellos contra las cuerdas. Un ‘club’ en el que están los madrileños Alberto Ruiz Gallardón, Ignacio González y Cristina Cifuentes, mientras que en el caso de Valencia, además de Zaplana aparecen Francisco Camps y José Luis Olivas.
Este último, por ejemplo, fue condenado en enero de 2017 a un año y medio de prisión por emitir una factura falsa para justificar un ingreso de medio millón de euros por unos servicios de asesoramiento a una empresa de la familia Cotino. Su sucesor, Francisco Camps, también ha tenido más de un ‘problema’ con la justicia.
El expresidente valenciano fue todo un referente del PP hasta su dimisión en 2011. El ‘caso de los trajes’, del que al final fue declarado no culpable, fue solo el principio. Camps está siendo investigado por la visita del Papa a Valencia, así como por los costes del Gran Premio de Fórmula 1. Además, no hay que olvidar que el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa le ha señalado como el responsable de la financiación irregular en las elecciones autonómicas de 2007 y las generales de 2008. “Las decisiones más importantes las tomaba en esa campaña Camps. Él era el presidente del PP y además el candidato”, afirmó en la Audiencia Nacional. Unas acusaciones que el propio exjefe de la Generalitat ha negado.
Zaplana Olivas y Camps han sido tres de los cuatro presidentes del PP que ha tenido la Comunidad Valenciana. El cuarto, y último por el momento, es Alberto Fabra, que no se encuentra en la misma situación que sus antecesores.
En Madrid la situación es muy parecida. Tres de sus expresidentes protagonizan investigaciones judiciales. Hace apenas unas semanas el exministro y ex máximo responsable de la región Alberto Ruiz-Gallardón era citado a declarar como investigado en la Audiencia Nacional el próximo 7 de junio por presuntos delitos de prevaricación y malversación en el ‘caso Lezo’, por la supuesta compra irregular de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en el año 2001.
Más problemas con la justicia tiene Ignacio González, que fue detenido en abril de 2017 en el marco de la ‘Operación Lezo’. Tras varios meses en prisión, el que fuera secretario general del PP de Madrid con Esperanza Aguirre fue puesto en libertad y sus ‘visitas’ desde entonces a los tribunales han sido constantes. Entre otras cosas, por la trama Púnica, en la que también se ha visto implicado.
Antes de este martes, cuando la detención de Zaplana dejó en ‘shock’ al PP, todos los focos se centraban en Cristina Cifuentes y la polémica por su máster en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Un caso por el que tendrá que declarar el próximo 26 de junio en calidad de investigada. La magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid ha llamado a declarar a la expresidenta autonómica por los presuntos delitos de falsificación de documento público y cohecho.
A la lista de mandatarios del PP que han gobernado la región hay que sumar el nombre de Esperanza Aguirre, que hasta el momento no está siendo investigada. Y eso, que su nombre se ha relacionado con muchos de los casos ya mencionados.
