El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en el hemiciclo. (Foto: Congreso)
En concreto, han votado a favor PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, PDeCAT, Coalición Canaria, Compromís, PRC, Teruel Existe y Más País. Por su parte, además de los populares y los naranjas, se han opuesto Foro, la CUP y el BNG. Asimismo, Junts y EH Bildu se han decantado por la abstención junto a Vox.
A partir de ahora se abre la negociación de posibles modificaciones al texto, ya que se ha aprobado su tramitación como proyecto de ley.
Durante su discurso, el ministro José Luis Escrivá ha destacado que “el proceso de modernización del sistema que culmina hoy permite mejorarlo para una gran mayoría social”, ya que “elimina la incertidumbre de los pensionistas presentes y futuros y, además, pone el foco en mejorar las condiciones de algunos colectivos, como las mujeres, los trabajadores autónomos, los pensionistas más vulnerables, los trabajadores con carreras irregulares o los jóvenes”.
Esta norma, apuntan desde el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, contiene diversas medidas que completan la reforma del año 2011, “blindando” la revalorización de las pensiones presentes y futuras. Entre las medidas que incluye está la puesta en marcha de un nuevo marco de revalorización, por encima del IPC, de las pensiones mínimas y no contributivas hasta 2027 y una subida del 10%, adicional a la inflación del complemento para reducir la brecha de género.
En el plano de la equidad, el Real Decreto-ley contiene “medidas de calado”, como la puesta en marcha de un régimen dual del periodo de cómputo para los próximos 20 años, por el que se aplicará a los trabajadores que se jubilen “la más beneficiosa” de estas posibilidades: los 29 últimos años de carrera, descartando los 24 meses (2 años) peores; y el periodo de cómputo actual (25 últimos años). La primera posibilidad se desplegará progresivamente durante 12 años a partir de 2026. Esto beneficiará especialmente a los trabajadores con carreras irregulares. Además, se incluyen mejoras en el tratamiento de las lagunas de cotización de las mujeres trabajadoras.
Además, se refuerzan los ingresos de la Seguridad Social con distintas medidas. Entre ellas, el incremento gradual de las bases máximas y de las pensiones máximas o la creación de una cuota de solidaridad para los salarios más altos que queden por encima de la base máxima.
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