“A pesar de las luces y sombras con las que nació el ingreso mínimo vital (IMV), en los últimos años se ha avanzado en la reforma de la prestación con el objetivo de mejorar sus problemas de accesibilidad y gestión”. Según el CES, este proceso ha permitido un “incremento considerable” en el número de beneficiarios. De esta manera, en 2024 se superaron las 600.000 prestaciones.
“Sin embargo, persisten importantes brechas”, lamenta. En este sentido, hace alusión al alcance de esta prestación. Así recuerda que la AIReF estimaba que en 2023 un 56% de los hogares elegibles para el IMV no solicitaban la ayuda, “cifra que ascendía al 73% en el caso del complemento de ayuda para la infancia (CAPI)”. “Según el organismo”, recoge en un informe, “las principales razones” que obstaculizan pedirla están la “falta de acceso a la información”, “el desconocimiento del lenguaje administrativo” y el “temor a los reintegros por pagos indebidos”.
Respecto a esto último, apunta que los litigios y reclamaciones previas relacionadas con las solicitudes de reintegro de cobros indebidos “han motivado al Defensor del Pueblo a instar a la autoridad competente a reformar el marco básico de regulación en materia de reintegro de prestaciones de la Seguridad Social”. ¿El objetivo? “Impedir la exigencia de devolución de cantidades indebidamente percibidas, optimizar la eficacia en la gestión y evitar que los procedimientos de reintegro afecten de forma particularmente grave a colectivos en situación de vulnerabilidad”.
A esto se une que, del total de prestaciones del IMV, un 37% corresponde exclusivamente al CAPI, “una modalidad que cumple una función más cercana a la de una prestación por crianza”. No obstante, “presenta costes de transacción excesivamente elevados, ya que requisitos como el empadronamiento, la edad o la acreditación de la emancipación para menores de 30 años resultan desproporcionados si se tiene en cuenta que el objetivo principal de la medida es el apoyo económico a la crianza”.
Siete de cada diez prestaciones se reconocen a favor de mujeres
Por último, el CES expone que, aunque crece el número de prestaciones, también aumenta el porcentaje de mujeres titulares de la prestación, que alcanza el 67,4%.
“El hecho de que casi siete de cada diez prestaciones se reconozcan a favor de mujeres, junto con la realidad de que la mayoría de las familias monoparentales en España están encabezadas por mujeres”, asegura, “pone de relieve el fenómeno de la feminización de la pobreza y el riesgo de que, a largo plazo, se consolide un sistema de protección social dual, donde las mujeres son mayoritarias en prestaciones de naturaleza asistencial o semicontributiva”.
