Criptomonedas
Los Veintisiete han pactado su posición negociadora sobre las propuesta para el reglamento sobre mercados de criptoactivos (MICA, por sus siglas en inglés) y el reglamento sobre resiliencia operativa digital (DORA) de cara a las conversaciones que deben comenzar ahora con el Parlamento Europeo.
«Es esencial crear un entorno estimulante para empresas innovadoras y al mismo tiempo mitigar los riesgos para inversores y consumidores. Creo que el acuerdo de hoy tiene un equilibrio equilibrado entre estas dos cuestiones», ha expresado Andrej Sircelj, ministro de Finanzas de Eslovenia, país que ostenta hasta que finalice el año la presidencia de turno de la UE.
La Comisión Europea presentó en septiembre de 2020 ambos borradores legislativos con los que quiere contribuir a que la UE se sitúe en la vanguardia mundial en el establecimiento de estándares para el sector financiero del futuro.
Así, la propuesta original del reglamento MICA cubre todo tipo de criptodivisas, incluidas aquellas que hasta ahora quedaban fuera de otras normas europeas sobre mercados financieros. Además, prevé requisitos más estrictos para las llamadas ‘stablecoins’, que son aquellas cuyo valor está vinculado a otro activo, como una moneda oficial o una materia prima.
El plan original de Bruselas también exige a los proveedores de servicios de criptodivisas (principalmente plataformas de intercambio o gestores de carteras) tener presencia física en la UE para poder operar, así como tener una autorización de las autoridades nacionales competentes.
Con respecto a los emisores de criptodivisas, el borrador legislativo les obliga a publicar un ‘libro blanco’ con toda la información relevante sobre su activo. En estos documentos deberán incluir información sobre el proyecto y el uso previsto de los fondos, así como las condiciones, derechos, obligaciones y riesgos asociados.
Las ‘stablecoins’ tendrán además que cumplir una serie de reglas sobre conflicto de interés, publicar su mecanismo de estabilización, seguir unas determinadas normas de inversión y presentar documentos adicionales. Además, su supervisión correrá a cargo tanto de las autoridades nacionales como de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) en lo referido a los requisitos adicionales.
La vigilancia del resto de criptodivisas será competencia de las autoridades competentes del Estado miembro en el que estén radicadas. En aquellos casos en los que la competencia esté compartida, los dos países involucrados tendrán que designar un «punto de contacto».
Las negociaciones entre los Estados miembros y los eurodiputados podrán empezar cuando estos últimos hayan acordado, por su parte, su mandato negociador. El texto final de ambos reglamentos dependerá del resultado de las conversaciones a tres bandas en las que participará también la Comisión Europea.
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