Las asociaciones vecinales de ambas ciudades y la organización de consumidores han pedido a Ángel Gabilondo “la incoación de una investigación” por posible vulneración de derechos fundamentales de la ciudadanía. También, en el caso de que esa investigación confirme las denuncias y quejas vecinales, “proceda a remitir advertencias a las autoridades” de Madrid y de Barcelona para que cesen en su “actitud permisiva y cómplice, y adopten las medidas legislativas, inspectoras y sancionadoras precisas para garantizar los derechos de los vecinos y vecinas, y para que cesen las vulnerables de derechos”.
“Estamos ante dos ayuntamientos con colores políticos distintos que comparten un mismo problema: su fracaso a la hora de regular”, afirman las federaciones vecinales, que señalan que las últimas medidas y cambios normativos adoptados por ambos consistorios (como la nueva Ordenanza de Terrazas de Madrid) “no han servido en absoluto” para solucionar la actual situación.
La presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), Ana Menéndez, ha insistido en los graves problemas de salud que el ruido provoca en los vecinos y vecinas de los barrios más afectados por la proliferación de terrazas en la vía pública. “Pedimos amparo al Defensor del Pueblo por la indefensión que nos provoca tanto el sector del ocio como las administraciones. Tenemos un grave problema de salud pública que se repite desde hace muchos años y que se ha agravado con la pandemia”, ha destacado.
Su homólogo en Madrid, Quique Villalobos, presidente de la FRAVM, ha recordado que “en Madrid las terrazas eran estacionales pero ahora, después de la excepcionalidad provocada por la Covid, se alargan todo el año y, a diferencia de Barcelona, no requieren licencia“.
En su escrito al Defensor del Pueblo, dan cuenta de los problemas más comunes provocados por las terrazas de bares y restaurantes, como una “elevada” contaminación acústica y ambiental.
