Vecinos de los sectores V y VI de la Cañada Real Galiana se manifiestan frente a la Asamblea de Madrid
«Tres inviernos sin luz. Seguimos en lucha contra esta violación de Derechos Humanos en Cañada», subrayaba la Asociación Cultural de Mujeres Tabadol, esta pasada semana en un tuit, al tiempo que denunciaba la «pasividad» de «la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Presidencia, el Ministerio de Derechos Sociales, el Ministerio de Inclusión, el Ministerio de Sanidad, el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil y el Comisionado del Gobierno para la Cañada Real Galiana de la Comunidad de Madrid».
Durante estos tres inviernos, desde la Parroquia Santo Domingo de la Calzada han ayudado a los vecinos a afrontar esta «difícil» situación, sobre todo los inviernos anteriores, el año de Filomena y el año 2022, que fueron más fríos. «Dentro de lo malo, este invierno ha sido mejor, no ha sido lo mismo que el año de Filomena, además la gente se ha ido haciendo con lo necesario para no pasar tanto frío», ha explicado a Europa Press Javier Ródenas, de la Parroquia Santo Domingo de la Calzada, ubicada en el sector VI de la Cañada Real Galiana.
Según explica, en esta parroquia, a la que acuden no solo católicos sino sobre todo musulmanes, evangélicos y ortodoxos, han ayudado a personas de bajos recursos para obtener leña, bombonas de butano y placas solares. Asimismo, están brindado su apoyo en los procesos de realojo, a través de Cáritas, ante los posibles problemas que puedan encontrarse con temas de «documentación, escolarización, medios económicos», etcétera.
Si bien, Ródenas considera que los realojos «no son la solución ni a corto ni a medio plazo» y cree debería haber «voluntad política» para acabar con esta situación que supone una «vulneración de derechos humanos». Por ello, pide a las administraciones implicadas que abandonen la «desidia», que «no miren a otro lado» y pongan por delante la «dignidad» de los vecinos y vecinas de la Cañada Real.
En estos años, los vecinos de la Cañada Real no han parado de denunciar su situación ante la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y de Rivas y ante el Gobierno de España, a través del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil; y se han manifestado al grito de ‘Luz para la Cañada’ ante las distintas administraciones y empresas implicadas como la Asamblea de Madrid o la sede de Naturgy, compañía que suministra el servicio en la zona.
En esta línea, constituyeron la Plataforma Cívica de Apoyo a la Luz en Cañada Real, integrada por más de 50 organizaciones de la sociedad civil junto con las asociaciones vecinales de Cañada Real, desde la que han exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una solución «urgente».
En 2021, España recibió varias llamadas de atención por parte de la ONU por la situación en la Cañada Real Galiana. También el Defensor del Pueblo ha manifestado su preocupación y ha exigido respuestas.
Desde el Comité Ejecutivo del Pacto por la Cañada Real Galiana -órgano que conforman la Delegación del Gobierno, los tres ayuntamientos por los que discurre este camino donde se ubica el asentamiento (Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid) y el Ejecutivo autonómico- se fijó a mediados de noviembre de 2021 una hoja de ruta con 21 actuaciones que incluye el realojo de 160 familias del Sector VI, una medida en la que se invertirán 34 millones de euros financiados al 50% por las dos administraciones.
Además, el Gobierno aprobó, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones por valor de 5 millones de euros para los Ayuntamientos de Madrid y de Rivas Vaciamadrid, para destinar al plan de realojo de las familias en situación de vulnerabilidad extrema de la Cañada Real Galiana.
El pasado 27 de octubre, el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa –comité de expertos independientes establecido en virtud del artículo 25 de la Carta Social Europea– declaró admisible por unanimidad una reclamación colectiva contra España e instó a las autoridades españolas a adoptar «medidas inmediatas» en la Cañada Real Galiana.
En particular, el organismo instó al Ejecutivo a «garantizar que todas las personas afectadas tengan acceso a la electricidad y la calefacción, teniendo en cuenta, en particular, las necesidades de los grupos vulnerables afectados (incluyendo niños, personas con discapacidades, personas con condiciones médicas, personas de origen extranjero, personas mayores y de etnia gitana)». Por otro lado, pidió que España ofrezca «un alojamiento alternativo adecuado a las personas afectadas cuando no es posible garantizar con seguridad el acceso a la electricidad y la calefacción».
Si bien, esta misma semana, el pasado martes 21 de marzo, la Comunidad de Madrid señaló que técnicamente es «imposible» llevar la electricidad a los sectores V y VI de la Cañada Real Galiana. Así lo expusieron el director general de Descarbonización y Transición Energética de la Comunidad de Madrid, Fernando Arlandis, y la diputada de Más Madrid Alicia Torija en la comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Asamblea de Madrid.
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