Primeras reacciones a la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de imputar a BBVA como persona jurídica por los contratos que supuestamente habría encargado el banco durante la presidencia de Francisco González al excomisario José Manuel Villarejo.
La sección sindical de CCOO en el banco ha pedido en un comunicado “finalizar la investigación y proceso de auditoría interna, apartando de ella a todas las personas que puedan verse involucradas en el proceso de investigación judicial” y mostrar “la máxima colaboración con la Justicia” aportando “cuanto antes los resultados que se hayan extraído y se vayan extrayendo de dicho proceso interno”.
Asimismo, el sindicato pide “resolver definitivamente cualquier relación formal o informal que el banco tenga con el anterior presidente”, Francisco González, “pues con independencia del grado de responsabilidad material y fáctica que pudiera tener -o que ésta solo se le pueda imputar a sus subordinados- se puede delegar la representación, pero nunca la responsabilidad”.
“La plantilla del BBVA se merece no solo una explicación convincente, sino también certidumbre, transparencia y respaldo, con arreglo al grado de profesionalidad y esfuerzo que viene desarrollando a lo largo de toda su trayectoria”, concluye CCOO.
Por su parte, el banco aseguró ayer en un comunicado que ha venido aportando información a la causa desde su inicio y ha compartido también con la justicia de manera proactiva los hallazgos relevantes de la investigación ‘forensic’ encargada a Garrigues, Uría Menéndez y PwC. Tanto el escrito de la Fiscalía como el auto del Juzgado “citan la colaboración activa de BBVA en la causa”, destaca.
“Como ya dije en enero y he reiterado en múltiples ocasiones desde entonces, nuestra prioridad es el esclarecimiento de los hechos y la colaboración con la justicia y así seguirá siendo”, ha dicho Carlos Torres Vila, presidente de BBVA.
Adicionalmente, el Juzgado ha decidido, en esta fase de la instrucción, no aceptar, por el momento, la solicitud de BBVA de personarse como parte perjudicada por los hechos investigados, y posponer su decisión definitiva sobre esta cuestión a una fase posterior, tal como indica el auto.
