Ministerio de Hacienda
A raíz de la sentencia contra Cristiano Ronaldo por fraude fiscal, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han querido trasladar el Gobierno y a las autoridades sus propuestas para combatir con mayor eficacia los delitos fiscales.
Una de las principales fórmulas que contemplan los técnicos de Hacienda, investigar con mayor detenimiento a los asesores de los delincuentes fiscales.
En ese sentido, solicitan que la Fiscalía General del Estado imparta instrucciones para que cualquier acuerdo que pueda alcanzarse con grandes evasores contemple expresamente la investigación y depuración de las posibles responsabilidades penales de los asesores legales y fiscales que organizan complejas tramas evasoras a sus clientes.
Los técnicos piden a la Justicia considerar la investigación de estos asesores como cooperadores necesarios en la comisión de los presuntos delitos fiscales de sus clientes.
Reformular los delitos contra la Hacienda Pública
Gestha lamenta, por otro lado, que la configuración del delito fiscal es menos exigente que el delito contra la Seguridad Social o contra los presupuestos generales de la Unión Europea. Además, “no se están depurando las conductas evasoras más graves, y cuando se denuncian las posibilidades de reducir las penas y multas son extraordinariamente beneficiosas para el presunto delincuente fiscal”, critican.
Los técnicos advierten de que estas ventajas de los delincuentes fiscales en el proceso judicial son una de las causas del desplome próximo al 78% de las denuncias de delito fiscal por la AEAT y del 64% de las cuotas defraudadas desde 2011, y añaden otras como la falta de atribución de competencias a los técnicos de Hacienda y unos objetivos poco ambiciosos de lucha contra el fraude.
Por ello, proponen modificar el Código Penal para unificar los umbrales y penas por los diferentes delitos fiscales para defraudaciones superiores a 50.000 euros o 120.000 euros en los delitos agravados, sustituir la rebaja de grados por atenuantes para reconocer la comisión de los delitos y el pago de la multa en el plazo actual de dos meses desde la notificación de la investigación judicial, así como concretar los requisitos para la exigencia de la responsabilidad civil y penal de la colaboración de asesores y entidades financieras en la comisión de estos delitos.
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