«El uso y abuso de los medios de comunicación para difundir noticias falsas es algo que se ha intensificado en los últimos años, esto no es nada nuevo, pero ya el emplearlos para rebatir normas validadas por el Tribunal Supremo es una práctica amoral más allá de la desinformación, que demuestra una falta de ética muy grave», ha denunciado el presidente de la asociación, Julio Sanz.
Antaxi ha explicado que lo que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia es juzgar un acto administrativo como es la resolución de cuándo entra en vigor este registro, pero que en ningún caso ha anulado la norma.
De hecho, el sector del taxi ha defendido que la medida que obliga a Uber y Cabify a registrar cada servicio que realizan sigue actualmente en vigor y continúa declarada como legal por parte del Tribunal Supremo.
De esta forma, ha recordado que, de no realizar este registro obligatorio, los VTC se exponen a una sanción por la aplicación del decreto en aplicación de la página web de control, que continúa en vigor.
Por todo ello, Antaxi ha solicitado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que ejerza su potestad regulatoria y de supervisión avalada por el Tribunal Supremo y que ponga en práctica las medidas necesarias de vigilancia y control sobre los servicios del VTC, trasladando estas acciones a las Comunidades Autónomas para que los cuerpos de inspección sigan ejerciendo esta actividad de vigilancia.
