Fedetaxi, la agrupación mayoritaria del sector de taxi, ha presentado una denuncia a la consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, para que su departamento investigue si los traslados realizados por Uber en los últimos años han infringido la legislación de transportes.
La denuncia llega después de que el pasado mes de diciembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminara que la multinacional estadounidense no es una simple plataforma digital intermediaria, si no un servicio de transportes que debe someterse a la regulación que rige este sector en los distintos Estados miembro.
“La multinacional además de poder haber entrado en competencia desleal con los taxistas españoles, aspecto sobre el que se pronunciarán los tribunales, podría haber incurrido en una infracción reiterada de la legislación de los transportes terrestres que es sancionada con multas de 200 a 4.000 euros, dependiendo la gravedad de las conductas llevadas a cabo”, apunta Fedetaxi en un comunicado.
Pese a que la sentencia se refiere en concreto al servicio UberPop, que la compañía de alquiler de vehículos con conductor ya no ofrece en España, la agrupación de taxistas entiende que puede aplicarse a otras actividades que desarrolla en nuestro país, ya que la plataforma “controla los factores económicamente relevantes del servicio de transporte urbano ofrecido”, unas “características que excluyen que Uber pueda ser considerado un mero intermediario digital entre conductores y pasajeros”.
“En consecuencia, su actuación en la contratación de servicios de alquiler con conductor (VTC) para el transporte urbano en la Comunidad de Madrid y las empresas con las que ha concertado la realización material del mismo podrían haber incurrido en numerosas irregularidades”, sostiene Fedetaxi, por lo que exige a la Consejería de Transportes “proceder de modo urgente e inmediato a solicitar y revisar todos los contratos digitales o las hojas de ruta físicas” de todos los viajes realizados por Uber “para instruir los correspondientes expedientes sancionadores por infracción a la normativa de transportes”.
Calcula que las sanciones a las que puede enfrentarse la empresa estadounidense podrían alcanzar en total los 1.000 millones de euros.
