Hipoteca
Los tasadores denuncian que el modelo con el que trabajan las sociedades de tasación se basa en trabajadores autónomos con “tarifas a la baja y por debajo de costes”. Concretamente, explican que sus honorarios representan en algunos casos “apenas un 20% de lo que paga el cliente final” y están “prácticamente” congelados desde 2008.
Esto hace que sus sueldos se sitúen por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, “pese a que la carga técnica y de gestión que deben asumir por las nuevas regulaciones que afectan a su trabajo ha ido incrementándose a lo largo de los últimos 15 años”. Además, exponen en una nota, quieren dejar claro que no se pretende “encarecer injustificadamente” las hipotecas, “sino alinear los precios con los costes reales, eliminar comisiones impropias y garantizar que quien realiza el trabajo no siga haciéndolo a pérdidas”.
El paro afectará a la práctica totalidad de las tasaciones hipotecarias canalizadas a través de sociedades homologadas, especialmente las procedentes de entidades financieras y grandes carteras. “Algo que puede ralentizar la concesión de hipotecas, retrasar operaciones vinculadas y generar demoras significativas en la firma de préstamos”, advierten, “con impacto directo en la planificación financiera de familias y empresas”.
En relación con esto, la AETH recuerda que las tasaciones hipotecarias son “un derecho del ciudadano, no de los bancos”, y que “cualquier persona puede encargar directamente una tasación y utilizar el informe de la misma con la entidad que elija”. Precisamente, uno de los objetivos del paro, apuntan, es “proteger que esa valoración se haga con independencia, tiempo suficiente y rigor técnico, evitando errores que puedan afectar al acceso al crédito y a la seguridad del ahorro”.
Además, remarcan que “un ajuste razonable” de los honorarios “no implica necesariamente un aumento significativo del precio final, pues la eliminación de comisiones comerciales que hoy no añaden valor al cliente podría neutralizar completamente ese coste”.
Los tasadores hipotecarios proponen a las sociedades que el Acuerdo Marco sectorial incluya tarifas mínimas “ligadas al coste real de los informes (situarían la retribución media anual en torno a los 30.000 euros brutos por profesional), actualizadas por IPC y ajustables ante cambios normativos u operativos”.
También, “condiciones contractuales equilibradas”. Esto pasa por la “eliminación de indicios de laboralidad encubierta, plazos realistas, pagos en un máximo de un mes, compensaciones por desplazamientos y claridad en los honorarios desde el inicio”.
Asimismo, “derecho a rechazar encargos no viables, control estricto de la firma digital y garantías para que el tasador contrate con la sociedad de tasación, no con la entidad financiera” y que existan “órganos de gobernanza y resolución de conflictos mediante una comisión mixta paritaria tasadores–sociedades”.
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