“Lejos de dar solución al conjunto de ciudadanía con especial vulnerabilidad”, afirman estas organizaciones sindicales, esta prestación “fracasa desde su puesta en marcha por la incapacidad de gestión del Ministerio y del Instituto Nacional de la Seguridad Social debido a la falta de personal y la mala organización”.
Según apuntan desde CCOO, UGT y CSIF, los datos oficiales” confirman que un 73% de las solicitudes resueltas se han denegado por criterios de renta, patrimonio o unidad de convivencia”. Asimismo, “del conjunto del presupuesto destinado a esta prestación, tan sólo se ha ejecutado el 56% del mismo, teniendo en cuenta que aún quedan pendientes de solicitud el 57% de posibles beneficiarios y beneficiarias que representan en torno a 400.000 hogares”.
Dicho esto, explican que dicha ayuda está gestionada, además del personal de la Seguridad Social, por 1.050 interinos e interinas “que precipitadamente se contrataron para dedicarse a ello en exclusiva”. Unos trabajadores y trabajadoras para los que el departamento de José Luis Escrivá “no tiene nada previsto cuando termine su contrato, produciéndose el cese como muy tarde en septiembre de 2023”.
Eso provocaría la pérdida de “su especialización y la inversión en formación que se ha hecho con ellos, quedando el IMV como incremento de trabajo en convivencia con el resto de las prestaciones, que irremediablemente acumularán la carga de trabajo junto con la deficiencia actual de nuestras plantillas”.
“El problema de gestión del IMV presente y futuro por la falta de efectivos en la Seguridad Social está generando una bolsa de expedientes pendientes de tramitación que ha motivado que, por parte del INSS, se adopten medidas urgentes bajo el paraguas del denominado ‘Plan de Intensificación’, consistente en ofertar horas extraordinarias (que consideramos ilegales) a la plantilla de interinos y al resto de la totalidad de plantilla existente que, lejos de solucionar la problemática, la agrava”, critican estos sindicatos.
Tal y como remarcan, “este caótico escenario que evidencia la preeminente preocupación del ministro por el IMV, resta importancia al resto de prestaciones también vitales para quienes las precisan, que se siguen acumulando y que no están recibiendo este refuerzo”.
“Las envejecidas y mermadas plantillas de la Seguridad Social no alcanzan para tramitar el conjunto de prestaciones del Sistema que están produciendo retrasos que producen interrupción de rentas”. Funcionarios y funcionarias, advierten estas tres organizaciones sindicales, que verán incrementada su carga de trabajo fuera de su jornada laboral para la resolución de expedientes del ingreso mínimo.
Por ello, UGT, CCOO y CSIF han convocado a los trabajadores y las trabajadoras de la Seguridad Social a una movilización “que no pide beneficios laborales”. En su lugar, reclaman “el cumplimiento de la ley y de los acuerdos alcanzados”. Será el 18 de noviembre, a las 11:00 horas, ante el Ministerio de Inclusión y Migraciones, “que se supone que es también el de Seguridad Social”.
